Nuevas formas de asedio al Poder Judicial
En Bolivia, como en la mayoría de los países, la sed de justicia es persistente y rara vez satisfecha. Su crónica ausencia ha sido tan evidente que resulta difícil defender su institucionalidad y vano todo esfuerzo por reivindicar los avances, modestos pero importantes, registrados en tiempos de democracia. Ello explica que las denuncias de su ‘desinstitucionalización’ y falta de ‘independencia’ caigan en saco roto, al extremo de que nos extraña la indiferencia y resignada actitud de la gente.
Además de la injerencia política y de los ‘billetes’, hoy se visibilizan nuevas formas de asedio al Poder Judicial que siembran más temor y pesimismo respecto a su futura independencia y respeto a los DDHH machaconamente difundidos por la propaganda gubernamental. ¿No es acaso preocupante la creciente influencia del poder de redes populares e internacionales vinculadas al narcotráfico? También debiera alarmarnos la impotencia institucional frente a las reiteradas amenazas de las autoridades indígenas originarias campesinas. Y es que, desde mayo de 2010, la cronología de eventos asociados al cruel asesinato de cuatro policías en Uncía da motivos para preocuparse y ocuparse del tema.
La semana pasada, la Federación de Ayllus Originarios Indígenas (FAOI) del norte potosino amenazó con arrasar la ciudad minera de Uncía si identificaban operativos policiales para detener a más personas involucradas en la tortura y linchamiento de los policías. En septiembre de 2010, los ayllus dieron un plazo de 24 horas para que los fiscales renunciaran y dejaran en libertad a uno de los imputados, conminaron a la Policía a abandonar la zona y anunciaron represalias contra los ‘enemigos internos’ que proporcionen información sobre los asesinatos. No dudaron en ostentar su poder de movilización y presión para hacer cumplir su ultimátum a la justicia.
En este contexto resultó insólito el tono condescendiente con que el Gobierno anunció que negociaría con los ayllus el acatamiento a la ley. Lo paradójico es que, en el contexto del reciente conflicto con la COB, el presidente Evo Morales insinuara a los ayllus defender su Gobierno y contrarrestar las movilizaciones en su contra, provocando la toma de las instalaciones de la distrital de Educación y escuelas de Uncía, atizando así la conflictividad y las fracturas entre campo y ciudad.
Y es que en Bolivia existen zonas sin ley cuyas prácticas rayan en la crueldad colonial y precolonial supuestamente erradicada por el Derecho contemporáneo. Lo sintomático es la tolerancia gubernamental respecto a este tipo de manifestaciones que agravan la descomposición de los mecanismos de la justicia en Bolivia. Ello ocurre cuando el fiscal Marcelo Soza renuncia y se victimiza ante el desmoronamiento de la burda confabulación del caso ‘terrorismo’. Cuando la injusticia que vive Leopoldo Fernández y la saña contra la familia del general López (antes cercano a Juan Ramón Quintana) no parecen tocar fondo. Sucede cuando se agiliza el juicio contra el exalcalde Del Granado y su Concejo y se arremete contra Samuel Doria Medina y FANCESA, que emblematizaba el ideal de la economía mixta que tanto pregona el discurso oficial. Ocurre cuando todo indica que la sui generis elección de autoridades del Poder Judicial no ayudará a revertir sus crónicos males, y cuya gigantesca papeleta de votación será la leña que encienda, aún más, el fuego de la lógica judicial inquisitorial que impregna toda acción gubernamental.
En Bolivia, como en la mayoría de los países, la sed de justicia es persistente y rara vez satisfecha. Su crónica ausencia ha sido tan evidente que resulta difícil defender su institucionalidad y vano todo esfuerzo por reivindicar los avances, modestos pero importantes, registrados en tiempos de democracia. Ello explica que las denuncias de su ‘desinstitucionalización’ y falta de ‘independencia’ caigan en saco roto, al extremo de que nos extraña la indiferencia y resignada actitud de la gente.
Además de la injerencia política y de los ‘billetes’, hoy se visibilizan nuevas formas de asedio al Poder Judicial que siembran más temor y pesimismo respecto a su futura independencia y respeto a los DDHH machaconamente difundidos por la propaganda gubernamental. ¿No es acaso preocupante la creciente influencia del poder de redes populares e internacionales vinculadas al narcotráfico? También debiera alarmarnos la impotencia institucional frente a las reiteradas amenazas de las autoridades indígenas originarias campesinas. Y es que, desde mayo de 2010, la cronología de eventos asociados al cruel asesinato de cuatro policías en Uncía da motivos para preocuparse y ocuparse del tema.
La semana pasada, la Federación de Ayllus Originarios Indígenas (FAOI) del norte potosino amenazó con arrasar la ciudad minera de Uncía si identificaban operativos policiales para detener a más personas involucradas en la tortura y linchamiento de los policías. En septiembre de 2010, los ayllus dieron un plazo de 24 horas para que los fiscales renunciaran y dejaran en libertad a uno de los imputados, conminaron a la Policía a abandonar la zona y anunciaron represalias contra los ‘enemigos internos’ que proporcionen información sobre los asesinatos. No dudaron en ostentar su poder de movilización y presión para hacer cumplir su ultimátum a la justicia.
En este contexto resultó insólito el tono condescendiente con que el Gobierno anunció que negociaría con los ayllus el acatamiento a la ley. Lo paradójico es que, en el contexto del reciente conflicto con la COB, el presidente Evo Morales insinuara a los ayllus defender su Gobierno y contrarrestar las movilizaciones en su contra, provocando la toma de las instalaciones de la distrital de Educación y escuelas de Uncía, atizando así la conflictividad y las fracturas entre campo y ciudad.
Y es que en Bolivia existen zonas sin ley cuyas prácticas rayan en la crueldad colonial y precolonial supuestamente erradicada por el Derecho contemporáneo. Lo sintomático es la tolerancia gubernamental respecto a este tipo de manifestaciones que agravan la descomposición de los mecanismos de la justicia en Bolivia. Ello ocurre cuando el fiscal Marcelo Soza renuncia y se victimiza ante el desmoronamiento de la burda confabulación del caso ‘terrorismo’. Cuando la injusticia que vive Leopoldo Fernández y la saña contra la familia del general López (antes cercano a Juan Ramón Quintana) no parecen tocar fondo. Sucede cuando se agiliza el juicio contra el exalcalde Del Granado y su Concejo y se arremete contra Samuel Doria Medina y FANCESA, que emblematizaba el ideal de la economía mixta que tanto pregona el discurso oficial. Ocurre cuando todo indica que la sui generis elección de autoridades del Poder Judicial no ayudará a revertir sus crónicos males, y cuya gigantesca papeleta de votación será la leña que encienda, aún más, el fuego de la lógica judicial inquisitorial que impregna toda acción gubernamental.
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