sábado, 14 de mayo de 2011

Mas sobre las elecciones judiciales

Igualitarismo versus ‘meritocracia’


La polémica en torno al proceso de elección de 56 magistrados de distintas instancias del Órgano Judicial tiene aristas y etapas que siembran más confusión que certezas. En medio de ella no debiera perderse de vista que el ‘bien mayor’ que busca este esfuerzo de construcción institucional es sentar las bases para el logro de una justicia accesible e independiente de la influencia deformadora de poderes políticos, económicos y de grupos de presión social o ‘comunitaristas’ que, de tanto en tanto, intentan doblegarla. Como en el pasado, tras algunas buenas intenciones que degeneraron y se deslegitimaron, la nueva iniciativa experimental hace aguas al reproducir de modo entusiasta los vicios antes cuestionados.
Todos están de acuerdo en que semejante desafío debiera confiarse a un plantel de personalidades, hombres y mujeres, cuya trayectoria, capacidad, idoneidad y honorabilidad en la administración y lucha por la justicia estén fuera de toda duda.

Lamentablemente, la preselección de las 125 candidaturas a los máximos tribunales de justicia del país y el Consejo de la Magistratura no tomará en cuenta criterios de mérito, que fueron eliminados del reglamento recientemente aprobado por la mayoría oficialista. Y es que la valoración integral del mérito, que abarca cualidades de orden ético así como dimensiones de la inteligencia social, emocional y autorreflexiva, no pasa por un simplista y publicitado examen de conocimientos del Derecho o la acumulación de títulos académicos.
El MAS ha optado por la subordinación de los principios de excelencia ‘meritocrática’ a los principios de un igualitarismo a ultranza. El mérito, asociado al virtuoso conocimiento y ejercicio del Derecho, es más bien motivo de sospecha por ser producto de la deformación y dominio del Estado colonial y neoliberal. La excelencia sería expresión de una historia de privilegios excluyentes. Argumentos basados en odiosas generalizaciones no faltan –“los doctorcitos, arrogantes y sumisos al poder, poco o nada hicieron”– y si de hacer justicia se trata, no hará diferencia que la conduzcan los antes excluidos y, por ende, víctimas de un sistema que debe desmontarse. El igualitarismo es fuente de nivelación hacia debajo de la media.
Desde esta lógica, la mediocridad, la falta de ilustración y las consiguientes limitaciones impuestas a los medios de comunicación a la tarea de informar hacen parte de un combo indisoluble.
El igualitarismo ‘mediocrático’ se contrapone a la noción de libertad, al reconocimiento del talento y del esfuerzo individual. El arte de gobernar es buscar el sabio equilibrio entre ambos. Minimizar los riesgos de subjetividad y sectarismo político solo es posible a partir de la construcción consensuada de parámetros de orden académico, institucional y social de quienes,directa e indirectamente, tuvieron que ver con el ejercicio correcto de la justicia y el análisis de las injusticias y debilidades del sistema. Ello hace ineludible la referencia y ponderación del testimonio de trayectorias idóneas de vida y ejercicio profesional.
Concluyo recurriendo a una frase atribuida a Bella Abzug: “A la verdadera igualdad se va a llegar no cuando una mujer Einstein sea reconocida tan rápido como un hombre Einstein, sino cuando se ascienda tan rápidamente a una mujer torpe como a un hombre torpe”. Esta ironía feminista, ¿vale para el desafío de construir la máxima instancia del Órgano Judicial en Bolivia? Definitivamente ‘no’.

jueves, 28 de abril de 2011

SOBRE EL PODER JUDICIAL...

Nuevas formas de asedio al Poder Judicial


En Bolivia, como en la mayoría de los países, la sed de justicia es persistente y rara vez satisfecha. Su crónica ausencia ha sido tan evidente que resulta difícil defender su institucionalidad y vano todo esfuerzo por reivindicar los avances, modestos pero importantes, registrados en tiempos de democracia. Ello explica que las denuncias de su ‘desinstitucionalización’ y falta de ‘independencia’ caigan en saco roto, al extremo de que nos extraña la indiferencia y resignada actitud de la gente.
Además de la injerencia política y de los ‘billetes’, hoy se visibilizan nuevas formas de asedio al Poder Judicial que siembran más temor y pesimismo respecto a su futura independencia y respeto a los DDHH machaconamente difundidos por la propaganda gubernamental. ¿No es acaso preocupante la creciente influencia del poder de redes populares e internacionales vinculadas al narcotráfico? También debiera alarmarnos la impotencia institucional frente a las reiteradas amenazas de las autoridades indígenas originarias campesinas. Y es que, desde mayo de 2010, la cronología de eventos asociados al cruel asesinato de cuatro policías en Uncía da motivos para preocuparse y ocuparse del tema.
La semana pasada, la Federación de Ayllus Originarios Indígenas (FAOI) del norte potosino amenazó con arrasar la ciudad minera de Uncía si identificaban operativos policiales para detener a más personas involucradas en la tortura y linchamiento de los policías. En septiembre de 2010, los ayllus dieron un plazo de 24 horas para que los fiscales renunciaran y dejaran en libertad a uno de los imputados, conminaron a la Policía a abandonar la zona y anunciaron represalias contra los ‘enemigos internos’ que proporcionen información sobre los asesinatos. No dudaron en ostentar su poder de movilización y presión para hacer cumplir su ultimátum a la justicia.
En este contexto resultó insólito el tono condescendiente con que el Gobierno anunció que negociaría con los ayllus el acatamiento a la ley. Lo paradójico es que, en el contexto del reciente conflicto con la COB, el presidente Evo Morales insinuara a los ayllus defender su Gobierno y contrarrestar las movilizaciones en su contra, provocando la toma de las instalaciones de la distrital de Educación y escuelas de Uncía, atizando así la conflictividad y las fracturas entre campo y ciudad.
Y es que en Bolivia existen zonas sin ley cuyas prácticas rayan en la crueldad colonial y precolonial supuestamente erradicada por el Derecho contemporáneo. Lo sintomático es la tolerancia gubernamental respecto a este tipo de manifestaciones que agravan la descomposición de los mecanismos de la justicia en Bolivia. Ello ocurre cuando el fiscal Marcelo Soza renuncia y se victimiza ante el desmoronamiento de la burda confabulación del caso ‘terrorismo’. Cuando la injusticia que vive Leopoldo Fernández y la saña contra la familia del general López (antes cercano a Juan Ramón Quintana) no parecen tocar fondo. Sucede cuando se agiliza el juicio contra el exalcalde Del Granado y su Concejo y se arremete contra Samuel Doria Medina y FANCESA, que emblematizaba el ideal de la economía mixta que tanto pregona el discurso oficial. Ocurre cuando todo indica que la sui generis elección de autoridades del Poder Judicial no ayudará a revertir sus crónicos males, y cuya gigantesca papeleta de votación será la leña que encienda, aún más, el fuego de la lógica judicial inquisitorial que impregna toda acción gubernamental.

jueves, 14 de abril de 2011

Mitos y Realidades: Mas sobre la Guerra del Agua

¿PRIVATIZAR LO PRIVADO?


Me han llovido preguntas a propósito de la nota inaugural de Desde el FARO. Refiriéndome a desencantos y promesas incumplidas aludí indirectamente a la “Guerra del Agua”, a la lucha contra la privatización transnacional en aras de proteger emprendimientos locales también privados. Esta proposición resultó altamente provocadora.


Y es que once años después intento una aproximación más objetiva de un evento que dejo huellas imborrables en quienes de alguna manera participamos buscando salidas concertadas durante largas tensas, violentas y gasificadas jornadas que nos quitaron el sueño entre enero y abril del año 2000. ¿Será tiempo de desmontar mitos y darle una lectura honesta y pedagógica a este revuelta que, en palabras de su entonces líder Oscar Olivera, hizo de cada puerta de la ciudad una barricada contra la globalización transnacional? Quizás.


En esta línea, eso de “privatizar lo privado merece una explicación”. El 13 de enero del año 2000, en los salones de la Prefectura de Cochabamba, la Brigada Parlamentaria de Cochabamba y los representantes de las organizaciones vinculadas a la Coordinadora del Agua, “bordamos”, a marcha forzada, el primero de tres acuerdos, que llevaría a levantar el el cerco a la Prefectura y las medidas de presión. Además de los puntos relativos a “una nueva estructura tarifaria que no afecte la economía popular, a garantizar la ejecución de Misicuni y la provisión de agua potable y alcantarillado a Cochabamba y a la revisión del contrato con el consorcio Aguas del Tunari”, el sexto punto establecía que “los sistemas privados de agua no formarían parte de las fuentes de agua del concesionario”. Este tema fue recurrente durante la redacción y modificación la polémica Ley de Agua Potable y Alcantarillado. El mismo Oscar Olivera, en una reciente entrevista concedida al diario El País, señalo que ese modelo prohibía y despojaba los sistemas colectivos de almacenamiento y distribución de agua existentes en el área de concesión de la Transnacional.


Corresponde aclarar que estos sistemas colectivos eran emprendimientos asociativos pero en esencia privados. Y es que durante muchos años de crónica escases y limitaciones de SEMAPA, obligaron a que los ciudadanos busquen medios para dotarse de este recurso, aún cuando su potabilidad fuera dudosa. Incluso el municipio alentaba la aprobación de urbanizaciones con sistemas autogestionados de agua que proliferaron en el tiempo. Era entonces comprensible que la gente no solo resista al tarifazo, a un contrato leonino, sino también a integrar sus precarios o sofisticados sistemas autogestionados al área de concesión. Así como predominaba la sensación de despojo y robo del agua, subyacía un sentimiento legítimo de apropiación del recurso pese a la consigna de que el agua no debía tener dueños. Hoy día, similar lógica propietaria se registra en comunidades indígenas que se resisten a compartir el agua con poblaciones urbanas aledañas.


Pero la consolidación de un área de concesión afectaba otros intereses menos santos. Me refiero al oligopolio de los carros cisterna y de los servicios de perforación de pozos, que hicieron su agosto en tiempos de la post guerra. Decirlo en ese momento, era una herejía que opacaría el espíritu revolucionario y épico de una guerra cuyas consecuencias prácticas 11 años después no son alentadoras.


Concluyo con algunos datos y preguntas que traslado a los actuales asambleístas departamentales y concejales. De una cobertura de agua de 60% en 1996, se disminuyó a 47% el 2006. La cobertura de Alcantarillado bajo del 58% al 50%. ¿Cuáles son las cifras 5 años después? SEMAPA, ¿Tiene un registro georeferencial actualizado de estos emprendimientos individuales o colectivos diseminados en nuestra ciudad y en la zona de recarga?, ¿se tienen estudios sobre sus consecuencias medioambientales? , ¿Existe un plan de inversiones viable? los más pobres en Cochabamba, ¿siguen pagando hasta 6 veces más que los usuarios del sistema de agua? Desahuciada la solución neoliberal y privatizadora radical, y fracasados los intentos de hacer de SEMAPA una empresa social autogestionada en el otro extremo ¿no será tiempo de sincerarnos y plantear soluciones más responsables que utópicas y discursivas?

domingo, 10 de abril de 2011

A propósito del Gasolinazo y sus consencuencias

Esta reflexión tiene a ún vigencia...Fue mi primera nota del año --Enero, 2011

Y ahora ¿que?: El precio de la confusión y el dogmatismo

El año del “rodillazo”, del “gasolinazo” y del “derogazo” concluyó sembrando confusión y más preguntas que respuestas. Luego de la improvisada cadena de errores gubernamentales, Bolivia no es ni será la misma que la Noche Buena que bendijo la declinación de un extraordinario quinquenio de bonanza.

Tantos discursos corrieron bajo el puente de la demagogia durante el pasado decenio, que fue imposible convencer al pueblo y a las bases cocaleras y sindicales del MAS que la radical y rechazada “nivelación de precios de los hidrocarburos” no era neoliberal. La confusión conceptual desnudó una ignorancia y dogmatismo preocupantes, al calificar la política de subsidios como neoliberal por el solo hecho de haber sido implantada por un presidente así estigmatizado.

Fueron varios los voceros gubernamentales, que quedaron mal parados luego de justificar la medida con la misma batería argumental y entusiasmo de “tecnócratas neoliberales” del pasado. Sucedió lo propio con algunos representantes de una oposición, aún débil, y cuyo discurso aportaba a la hoguera de la confusión, al adoptar consignas congruentes con el trotskismo, izquierda y anarquismo más radicales. La confusión y demagogia complicaron la tarea de iluminar salidas más inteligentes a una situación económica que se pinta poco sostenible ante “el desangramiento” de los recursos reconocido por el mismo Vicepresidente.

Y es que, a estas alturas debieran aprenderse algunas lecciones básicas de economía, que por su crudeza las autoridades y la sociedad se empeñan en ignorar. ¿Acaso no se ha comprobado aquí y en el mundo que no hay política de lucha contra el contrabando que salga victoriosa cuando de desequilibrio de precios entre fronteras se trata? El Presidente de la Cámara de Diputados, reconoció la veracidad de esta premisa antes calificada como falacia “neoliberal”. Lo propio sucede con el principio de la “rigidez de los precios a la baja” una vez incrementados. No habiendo esfuerzo teórico “revolucionario” que pueda invalidar estas premisas relativas al mercado y la economía, un gobernante socialista del siglo XXI debiera conocerlas antes de tomar medidas y prever sus consecuencias en los bolsillos de la gente.

Intentando disimular el tropezón, la popular consigna de “gobernar obedeciendo” tampoco es auspiciosa. Escuchar, interpretar y conducir a las masas no es lo mismo que “obedecerlas”. Lenin así lo sostenía, mientras que Collin Powell, en la otra vereda ideológica, insistía en que un verdadero líder es aquel que a veces dice cosas que al pueblo no le gusta escuchar.


Por ahora, la apología de la voz masas en los discursos oficiales y de los distintos sectores de oposición es reveladoramente preocupante. El supeditar difíciles definiciones de Estado a la determinación de las bases significa despojarse de toda responsabilidad política, como Pilatos. Es curioso, el sector que terminó doblándole la mano al gobierno fue el cocalero.


Este quiebre ¿significa que Evo ya no conduce convirtiéndose en prisionero de las masas, las calles y de sus multitudes? Así, la historia se repite, se consolida el reino de la improvisación, de la demagogia política electoral e ingobernabilidad, con el riesgo de radicalizarse en su irracionalidad. Los errores cometidos al concluir el 2010, reflejan preocupaciones de fondo que el gobierno no termina de transparentar. De no sincerarse y de persistir en el dogmatismo demagógico, el MAS estará abonando el camino hacia el desencanto y nuevas frustraciones.

miércoles, 6 de abril de 2011

Meses de agua, lluvia y desencantos


Retorno con pesar y una dosis de culpa por semanas en las que no alcé la voz crítica desde este modesto espacio de opinión. Lamento este silencio, cuando todavía vivimos las secuelas del gasolinazo fallido, de inflaciones irreversibles; cuando persiste el encierro de Leopoldo Fernández, entre otros excesos e injusticias, inocultables a la mirada crítica de organismos internacionales como la ONU. ¡Cómo no reprochar la tibia reacción oficial frente a un Senador tolerante a la tortura! ¡Vaya arcaica y originaria expresión contraria a la integridad y dignidad de las personas! Y es que, el 2011 transcurre como un año “k´encha” para el gobierno y un pueblo escéptico ante el cambio, mientras su deficiente gestión pública se enturbia con el “Sanabriagate” y una cartelera informativa narcotizada.


También fue un tiempo reservado a los caprichos de la naturaleza. En Japón, Colombia, y en nuestra Bolivia, los desastres desnudaron nuestra vulnerabilidad. Fueron semanas de aguas turbulentas, impotencia y desencantos.


Y no ha sido casual que estos húmedos dias cierren con el estreno del largometraje “También la lluvia” para evocar los días de la emblemática “guerra del agua” de abril del año 2000. Con una formidable fotografía, las historias contadas por la cinta rodada en nuestra llajta, obligan a reaccionar ante los argumentos de especialistas en cinematografía que la elogian o critican. Para unos, es un relato cuyas poderosas imágenes denuncian las mutaciones centenarias de las formas de dominación y explotación colonial y transnacional de nuestros pueblos. Para otros, es una propuesta cargada de moralismo “colonial culposo” derivando en una suerte de “Avatar” a la cochabambina, cuyo efecto emotivo y comercial está fuera de toda duda.


Pareciera bien logrado el propósito de reivindicar a Fray Bartolomé de las Casas y otros pioneros de la denuncia contra los excesos coloniales. Sin embargo, la soberbia actuación del boliviano Carlos Aduviri en el papel de un rebelde indígena, pierde rigor histórico ante la deformada caracterización del pueblo quechua como si se tratase de una tribu de tierras bajas. De pronto, los otrora pueblos del oriente asediados por la avanzada del imperio incaico, hacen suyo el idioma del invasor andino, resultando ser la encarnación romántica y utópica de una comunidad que convive en armonía con la exuberancia de la selva.


Y como toda ficción, la película cuenta a su modo la historia de la “guerra del agua” que desembocó con la expulsión de “Aguas del Tunari” e importantes cambios a la ley y políticas neoliberales de la época. Acierta al insinuar que la privatización implicaba despojar y sumar al área de concesión sistemas precarios de agua barriales instalados con el esfuerzo y recursos de la propia gente. ¡Paradójica privatización de lo privado!, la empresa pública brilla por su ausencia.


Se equivoca al caricaturizar a un Prefecto indolente y frívolo en medio de tan violentas circunstancias. A quienes vivimos esas tensas jornadas, nos queda el recuerdo de la torpeza del gobierno central, de la muerte de un guerrero del agua, de un prefecto arrinconado y agobiado, de fuerzas del orden rebasadas por el primer tsunami político de la década. Guerra estéril ¡Imposible olvidar la bronca de un pueblo que, once años después, aún no tiene agua! Promesas incumplidas y frustraciones, que la demagogia oficial, la causa marítima y ni un impactante largometraje tendrán la capacidad de revertir y menos conjurar.

lunes, 4 de abril de 2011

Relanzamiento de EL FARO

Amig@s luego de tres meses y pico de silencio y abandono anuncio la regularización de las publicaciones. Anuncio que actualizare y compartiré la reflexiones y documentos recientes ademas de tener una participación mas frecuente durante la semana. Un saludo y ¡¡¡ Hasta pronto!!!