El lio de Escaños...escamoteo e impotencia

Lo que ocurre con el Órgano Electoral es grave. Significa retroceder a tiempos de desconfianza. Y la gravedad será irreversible, de consumarse la precipitada y extemporánea directiva de asignación de escaños en cinco Asambleas Departamentales recién constituidas gracias al voto ciudadano. Entonces, ya no deberá extrañarnos que la seguidilla de irracionalidades se instale en una de las instituciones más preciadas de la democracia plural y moderna. Pese al esfuerzo de sus miembros, la Corte Electoral habrá sucumbido a la epidemia desinstitucionalizadora que azota al país.
A estas alturas, resulta hasta ingenuo referirse a los procedimientos de impugnación que según la ley podrían anular la polémica directiva. A la ingenuidad se suma la impotencia y a ésta el sentimiento de indefensión. Con los dos tercios asegurados en los cinco departamentos se habrá allanado el camino para desmantelar en las nuevas Cortes todo vestigio de imparcialidad aún presente en las prácticas de la institución árbitro de la democracia.
Lo cierto es que la fórmula de asignación de escaños adoptada deriva en la vulneración de un amplio catálogo de principios y derechos políticos constitucionalmente reconocidos. Y es que todo régimen electoral ecuánime debe traducir los votos en similar proporción de escaños. Irónicamente, desde el poder central se exhorta a que las fuerzas opositoras “aprendan a perder”, cuando de lo que se trata es de que el MAS aprenda a “ganar bien” –como lo hizo en otros eventos-- respetando los principios de proporcionalidad e igualdad del sufragio y de las condiciones de participación política de electores y elegidos.
Las cifras son elocuentes ¿le parece justo que con 50% de los votos obtenidos por Cocarico (MAS) en La Paz, el oficialismo obtenga el 75% de escaños de la Asamblea Departamental? ¡Y eso que no se cuentan los tres de los cinco escaños indígenas especiales ya alienados al MAS! ¿Es ecuánime que los 407.295 votos preferentemente urbanos del MSM y Unidad Nacional y que representan el 38% de la votación, se expresen en 9 de 45 escaños, es decir en el 22,5%?
En Cochabamba, la deformación es considerable. La fórmula restringida de la Corte asigna 5 de 34 escaños a una oposición que obtuvo el 38% (UN y MSM), lo que representa un 12% del total, mientras que con un contundente 62% obtenido por Edmundo Novillo, el MAS contaría con 84% de los escaños.
A estas distorsiones se suma otra, relacionada a la ruralización exagerada de la representación en prácticamente todas las Asambleas departamentales del país. Ello implica que el 65% de las poblaciones urbanas de las capitales de departamento estarán marginalmente representadas en Asambleas a las que se les confiará la construcción del nuevo Estado Autonómico. Éste es un dato que no parece ser aquilatado por los electores de los centros urbanos, y que obliga a un análisis más cuidadoso y estructural de la ingeniería electoral en el país.
Frente a la presión gubernamental ejercida sobre las Cortes y el Poder Judicial dudo del éxito de las acciones legales impulsadas por la oposición. Ello explica la profunda sensación de impotencia aludida al comenzar estas líneas. De hacerse justicia electoral por vía judicial, subsiste la amenaza de movilizaciones, cercos y tomas de Cortes impulsadas por el oficialismo que, legitima y exalta el activismo de las multitudes, subestima la expresión soberana del voto y olvida que ganar bien hace parte del cambio y de su consigna del “Vivir Bien”.

¿ DEFENSOR DEL PUEBLO?

Y ahora, ¿ quién podra defendernos?

( Sobre los problemas en la elección congresal de un nuevo defensor del Pueblo)

La creación institucional del Defensor del Pueblo fue parte de los históricos acuerdos de julio de 1992, a partir del reconocimiento de la necesidad de contar con un mecanismo legítimo y alternativo de defensa de los derechos humanos (DDHH) a los vigentes en la estructura republicana. La idea era defender a la ciudadanía de los excesos y abusos del poder estatal, de sus gobiernos de turno, cualquiera sea su tendencia y corriente político-ideológica.

En 1998, el proceso de calificación y selección de los candidatos de la época fue impecable, transparente, participativo y abierto a la gente, a las cámaras y grabadoras de la prensa que acompañaron todo el proceso. Lamentablemente es común escuchar a quienes repiten de memoria que, con el supuesto ‘cambio’, recién se procede adecuada y correctamente. Entre las candidaturas mejor calificadas esa primera vez sobresalió la presencia de mujeres –Ana María Romero, Julieta Montaño, Rosario Chacón y la también periodista Cristina Corrales– y Waldo Albarracín. El desafío de entonces era dar a luz a una institución cuya legitimación y prestigio se reafirmó con el tiempo.

Entre 2003 y 2004, el proceso de definiciones sobre una nueva gestión defensorial, al igual que otras designaciones, se enturbió. Fueron tiempos complicados que derivaron, luego de caídas presidenciales, en la elección de Waldo Albarracín, que en ese momento logró los 2/3 de votos con el apoyo del MAS y de corrientes de un bloque oficial fragmentado regional, generacional e ideológicamente. Si entonces no había duda de que se trataba de una entidad que debía actuar para neutralizar eventuales abusos estatales en asuntos de mero trámite hasta en casos graves de violación a los DDHH, ahora sobran razones para dudar de la futura imparcialidad de la Defensoría.

El problema no es de personas, radica más bien en las antojadizas definiciones de pueblo y sociedad que suscribe el MAS. Irónicamente algunos miembros del entorno presidencial, al parecer, comentaron –en algún momento– que ya no se justificaba un Defensor del Pueblo, porque el pueblo ya está en el poder, encarnado en su líder y en las organizaciones sociales del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos. Esta extrema percepción caricaturiza la tendencia a diluir la frontera existente entre el ámbito del Estado y de la sociedad.

Bajo una deformada interpretación de la noción de ‘autogobierno’, esta superposición de roles suena bonito a los oídos de la gente, pero entraña el riesgo de convertir a la Defensoría en sucursal del Poder Ejecutivo. Una de las distorsiones radica en el criterio de calificación de méritos, donde el aval o la condición de dirigente social suma más puntos que la formación académica o una trayectoria reconocida en la defensa de los DDHH.

Este extremo es defendido por voceros oficiales. Se pierde de vista que esas organizaciones sociales ‘avaladoras’ forman parte del instrumento político ahora en el Gobierno y que, “sin querer queriendo”, reemplazan el rol de los partidos políticos del pasado. ¡No terminan de asumir su rol político! Hablan a nombre de la sociedad, teniendo la potestad privilegiada de avalar candidaturas. Este criterio de calificación debiera eliminarse. ¡Es como si en el pasado se hubiese concedido a los partidos la prerrogativa de calificar generosamente a sus propios dirigentes o simpatizantes! Llegó la hora de que la nueva élite gubernamental nacida de organizaciones sociales se sincere con su nuevo rol y con la gente, sólo así se impedirá que el futuro Defensor del Pueblo termine siendo el defensor del Gobierno.

A proposito de la Conferencia Climatica

© Le Monde diplomatique, edición boliviana. Año 3, número 25 nueva época • Abril 2010
Le Monde diplomatique el Dipló 25 abril 2010 9

por Erika Brockmann Quiroga

Bolivia, ni experimental ni paraíso

Las ambivalencias del cambio

La contracumbre de Cochabamba genera enormes expectativas entre movimientos alterglobalizadores y ambientalistas. No obstante, un análisis de las ambivalencias del actual proceso de cambio permite matizar opiniones y salir del símbolo de Bolivia-Avatar. Es impresciidible impulsar un debate serio acerca del modelo de desarrollo latinoamericano, acorde con la actual sensibilidad postneoliberal que domina a gran parte del continente (NE)

Con el mismo improvisado entusiasmo con el que emprendió las gestiones oficiales para la inédita realización del certamen de belleza Miss Universo en Bolivia, el presidente Evo Morales tuvo a bien proponer la realización de la Primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. En efecto, pocos imaginaron que su grito ¡Planeta o muerte! lograría conmover a miles de almas comprometidas con la defensa de la integridad y la salud de la Tierra y frustradas luego del fracaso de la cumbre climática de Copenhague. La astucia y sentido de oportunidad que caracteriza a nuestro presidente encendió la euforia de activistas furiosos por la burocratización y dilación de una agenda urgente.

Lo cierto es que la conferencia se hará realidad. Robustecida en su alcance gracias al concurso de redes globales de ONGs, movimientos sociales y países amigos del denominado primer mundo, la cita se producirá en la región metropolitana de Cochabamba donde se espera el arribo de algo más de 15.000 personalidades de todo el mundo, dirigentes sociales e indígenas, dispuestos a pronunciarse por una causa global en el corazón mismo la Madre Tierra y cuna de uno de los más simbólicos líderes políticos que internacionalmente la encarna.

Se llevará adelante en el mismísimo escenario de la mundialmente publicitada y estudiada “guerra del agua”, aquella que libraría una batalla crucial contra el neoliberalismo, deslegitimando la ortodoxia privatizadora bendecida por el ahora difunto, pero entonces vigoroso, Consenso de Washington.

Drama boliviano

A principios de 2000, lo que comenzó con una protesta contra el alza de tarifas, terminó con la expulsión de una transnacional poderosa, la Bechtel. Las jornadas guerreras constituyeron una referencia clave para entender los cambios políticos y económicos profundos que sucedieron en Bolivia, señalaba a un medio de prensa la académica María Teresa Zegada (1).

Diez años después, pese a tan emblemático evento que inspiró al mundo, Cochabamba sigue siendo la misma. El agua no llegó y los pobres continúan pagando el agua a mayores precios. A criterio de los luchadores sociales y estudiosos del tema, la empresa pública responsable de su tratamiento y distribución incurre en ineficiencias y debilidades estructurales de larga data; convertida en botín de sindicalistas y burócratas que rotan entre corrupción, buenas intenciones e impotencia.

Según el sociólogo del Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) Carlos Crespo, los resultados de esa guerra son un reflejo del “drama boliviano” por el que pasan los movimientos sociales y los procesos de cambio en el país. “En Bolivia somos expertos, tenemos una alta capacidad de movilización de la gente para enfrentarse y resistir imposiciones, pero el gran drama viene el día después” (2). Poco se ha investigado sobre el incremento de soluciones “antiambientales”, como la perforación intensiva de pozos privados o mancomunados en el área metropolitana caracterizada, según expertos, por la alta contaminación y fragilidad de sus indicadores ambientales.

La Cochabamba y la Bolivia que acogerá a los defensores del Planeta del siglo XXI seducirá y desconcertará con sus colores, sabores y contradicciones. A una hora de la sede del evento, campesinos de la comunidad de Pantipata, agricultores por tradición y vocación, estarán aun sufriendo las consecuencias nocivas de la contaminación de las aguas producidas por una “narcocomunidad” vecina. Escucharán la voz de dirigentes de campesinos cocaleros, del trópico de Cochabamba, que poco hicieron para persuadir y frenar la fiebre expansiva de cultivos de coca excedentarios sobre el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), donde Yuquis, Yuracares y Chimanes, entre otros pueblos indígenas originarios minoritarios, se vieron avasallados y desplazados de su natural hábitat por resistirse a esta incursión.

Es bueno que los ambientalistas que lleguen a este hermoso valle se enteren que, con la flexibilización cuasi neoliberal de los cultivos de coca excedentaria, es creciente la amenaza y el deterioro de importantes parque naturales y áreas protegidas del país (3). En lugar de promover la producción de coca orgánica para el uso tradicional exclusivo, prolifera el uso de agroquímicos contaminantes en su cultivo mientras la vanguardia política del proceso de cambios que vive el país opta por eludir estos problemas.

Sin embargo, aunque no es intención de la presente nota insistir en el tema de la hoja de coca, sino develar las contradicciones existentes entre lo que se pregona fuera del país y lo que se practica dentro del mismo, son varias las consecuencias preocupantes que éstas provocan a quienes habitan la Bolivia Plurinacional.

Extractivismo

Resulta que el gobierno boliviano lidera un programa de desarrollo extractivista e indolente con la Madre Tierra. Es creciente el inventario de emprendimientos productivos que atentan contra la naturaleza y las minorías genuinamente indígenas que pueblan sus áreas de intervención. ¿Acaso la protesta de comunarios indígenas afectados por el proyecto minero de Coro Coro y de los lecos en el norte paceño no importa?, ¿Se justifica la flexibilización normativa en materia de inversiones petroleras y otras en áreas protegidas con el solo propósito de reeditar un proyecto de desarrollo industrializador propio de los capitalismos –incluido el de Estado– y socialismos del siglo XX? Y finalmente, ¿en qué medida las tendencias de la realidad anotada desincentiva iniciativas de uso alternativo de los recursos naturales destacados en su momento por el estudio promovido por el PNUD bajo el título “La otra frontera”? (4). La respuesta a estas preguntas es definitivamente no.

La misma que se apoya en la opinión autorizada del ex presidente de la Asamblea Constituyente y ex ministro de Energía de Ecuador, Alberto Acosta, quien abundara en ésta y otras incongruencias relativas a un tema que debería ser tratado con el rigor y el vigor que corresponde a una problemática que tendrá consecuencias paradigmáticas e irreversibles en los modelos de desarrollo y productivos en el planeta.

Lo que sí es inminente es que la crisis climática provocará, más temprano de lo previsto, quiebres y transformaciones de alcance global en los paradigmas del desarrollo de los capitalismos del mundo, tan versátiles y adaptativos. ¡Qué paradoja! los cambios paradigmáticos de los capitalismos globales serán producto no sólo de las fuerzas populares y sociales globalmente articuladas, sino ante todo de los factores objetivos y materiales inherentes al cambio climático como fenómeno inexorable.

En Bolivia existen buenas razones para que la Madre Tierra se resienta. El problema radica en que la legitimidad del tema principal se subordina ante quienes desean hacer de la conferencia un evento acrítico a las políticas domésticas y nacionales impulsadas por quienes encuentran en el “calentamiento global” un formidable argumento para atizar el “calentamiento social” (5).

En medio del entusiasmo nacional e internacional, se percibe un tufillo “cuasi colonial”, particularmente en aquellas organizaciones progresistas y ambientalistas del primer mundo. Entre culposas ante las promesas incumplidas de la modernidad e ingenuas ante el mito la idea de retorno a la naturaleza, en una suerte de “Avatar” mal contado, no faltan aquellos factores de poder que instrumentalizan la imagen de un rebelde que dice luchar a nombre de los indígenas del planeta. Les sirve de eficaz bandera para librar sus propias batallas, esas del primer mundo y para el cual la consigna del Vivir Bien es muy útil para interpelar el consumismo depredador.

Bolivia, innovadora y experimental, corre el riesgo de que como país modelo alimente un nuevo ciclo de esperanzas y frustraciones nacionales. El problema es el “péndulo catastrófico” (6) de una historia, hoy alimentada con discursos que reeditan la tentación de naufragar en las imágenes forzadas de nuevos mitos y de espejitos colonizadores donde pocos se compadecen
por su Madre Tierra.

1 “A 10 años de la guerra aún es un lujo el agua”, Los Tiempos, Cochabamba, 28-3-2010.
2 Carlos Crespo, “El movimiento nacional del agua boliviano: de la resistencia a la cooptación (2000-2007)”. Ponencia presentada
en el seminario internacional Modelos de gestión del agua en ciudades y comunidades de los Andes, La Paz, 5-8 noviembre de 2007. Ver también: “Cochabamba ganó la guerra y perdió el agua”, Los Tiempos, 5-4-2009.
3 Fernando Mayorga, “Factores Estructurales y coyunturales de la inestabilidad institucional y la violencia en el Departamento de Cochabamba”, Documento de trabajo, 2010, CESU-UMSS, Instituto Prisma.
4 Informe Temático de Desarrollo Humano, PNUD 2008.
5 Nueva Crónica y Buen Gobierno, Nº 53, La Paz, diciembre de 2009.
6 Ver: Erika Brockmann, “Trilogía del Conflicto en Bolivia”, Instituto Prisma, 2009. No olvidar que en el ciclo neoliberal
Bolivia fue presentado a la comunidad intertanacional como innovador a partir de su fórmula “capitalizadora” de privatización. Documento de Trabajo www.institutoprisma.org o en www.elfaro-eribolivia.blogspot.com.

COHABITAR O GUILLOTINAR

Dilemas en torno al legado de la politica francesa

No fue necesario esperar mucho tiempo para saber el derrotero de la dinámica política una vez conocidos los resultados electorales del pasado 4 de abril. Si transcurridas las 24 horas todavía había un margen de duda respecto a la actitud concertadora o confrontadora que asumiría el Presidente Morales, a estas alturas ésta se ha disipado. Todo indica que optó por lo que sí sabe hacer y forma parte del limitado repertorio político de la cúpula gobernante: confrontar. ¡Qué lástima! Si de señales discursivas se trata, el alumbramiento del Estado Autonómico Integral y Democrático está en serio riesgo de deformarse por los efectos de una gravísima lesión de nacimiento. Me refiero a la intolerancia e imposibilidad casi refleja de cohabitar y compartir el poder con el adversario político. No es la primera vez que me refiero a la “cohabitación” como condición política imprescindible para impulsar la construcción nada sencilla del Estado Autonómico y Plurinacional.

Aunque el fenómeno no es nuevo, la primera vez que se incorporó esa sugestiva palabrita al diccionario politológico fue el año 1986, cuando la derecha conservadora francesa ganó las elecciones parlamentarias cuando el socialista François Mitterrand ejercía la Presidencia. Producto de esa elección, Jacques Chirac se convirtió en Primer Ministro. Desde entonces, se reedito en Francia la figura política de la cohabitación que obligaba a la “convivencia institucional”, en definitiva, al entendimiento no obstante las profundas diferencias políticas e ideológicas de las máximas autoridades políticas del sistema semipresidencial de la República francesa. Portugal también pasó por situación similar optando por amortiguar una historia de guerras frías ideológicas internas imposibles de atemperar.

La cohabitación política también se da en aquellos Estados Federales o descentralizados. Ejemplos sobran. En 1997, en el ocaso del sistema de partido único en México, la gobernación del Distrito Federal que contaba con el 20% de la población total del país, correspondió a un partido distinto al del Presidente de la República. En ocasiones, Argentina experimentó similar situación con la Gobernación de Buenos Aires. En Bolivia, parece desvanecerse esa posibilidad.

A partir de la elección Gobernadores y Alcaldes en Bolivia, se vislumbra la reconfiguración , aún germinal, de un mapa político de representación con inocultables rasgos de bipolaridad territorializada, con dos bloques políticos dominantes en el que el MAS es la fuerza con mayor presencia nacional y predominantemente rural. Sorpresivamente, en La Paz y el Alto, se rompió la unipolaridad hegemónica de Diciembre en beneficio de la pluralidad democrática. El Cambio no tiene un solo rostro. Ante esta suerte de expropiación del monopolio del Cambio que ostentaba el MAS, y las voces plurales que exigen su reconducción, la reacción del oficialismo ha sido lamentable. No solo por desahuciar la posibilidad de fumar la pipa de la paz y coordinar con sus adversarios políticos en el territorio, sino por recurrir con determinación y entusiasmo al recurso de la guillotina judicializadora de la política llegando al extremo de cuestionar al Órgano Electoral. Cohabitar no es sacrilegio ni traición. Lo curioso es que, del legado político Francés, y de sus innovadores instrumentos de poder, se apostó por la lección menos auspiciosa ¡La Guillotina!

COHABITAR O GUILLOTINAR

No fue necesario esperar mucho tiempo para saber el derrotero de la dinámica política una vez conocidos los resultados electorales del pasado 4 de abril. Si transcurridas las 24 horas todavía había un margen de duda respecto a la actitud concertadora o confrontadora que asumiría el Presidente Morales, a estas alturas ésta se ha disipado. Todo indica que optó por lo que sí sabe hacer y forma parte del limitado repertorio político de la cúpula gobernante: confrontar. ¡Qué lástima! Si de señales discursivas se trata, el alumbramiento del Estado Autonómico Integral y Democrático está en serio riesgo de deformarse por los efectos de una gravísima lesión de nacimiento. Me refiero a la intolerancia e imposibilidad casi refleja de cohabitar y compartir el poder con el adversario político. No es la primera vez que me refiero a la “cohabitación” como condición política imprescindible para impulsar la construcción nada sencilla del Estado Autonómico y Plurinacional.

Aunque el fenómeno no es nuevo, la primera vez que se incorporó esa sugestiva palabrita al diccionario politológico fue el año 1986, cuando la derecha conservadora francesa ganó las elecciones parlamentarias cuando el socialista François Mitterrand ejercía la Presidencia. Producto de esa elección, Jacques Chirac se convirtió en Primer Ministro. Desde entonces, se reedito en Francia la figura política de la cohabitación que obligaba a la “convivencia institucional”, en definitiva, al entendimiento no obstante las profundas diferencias políticas e ideológicas de las máximas autoridades políticas del sistema semipresidencial de la República francesa. Portugal también pasó por situación similar optando por amortiguar una historia de guerras frías ideológicas internas imposibles de atemperar.
La cohabitación política también se da en aquellos Estados Federales o descentralizados. Ejemplos sobran. En 1997, en el ocaso del sistema de partido único en México, la gobernación del Distrito Federal que contaba con el 20% de la población total del país, correspondió a un partido distinto al del Presidente de la República. En ocasiones, Argentina experimentó similar situación con la Gobernación de Buenos Aires. En Bolivia, parece desvanecerse esa posibilidad.
A partir de la elección Gobernadores y Alcaldes en Bolivia, se vislumbra la reconfiguración , aún germinal, de un mapa político de representación con inocultables rasgos de bipolaridad territorializada, con dos bloques políticos dominantes en el que el MAS es la fuerza con mayor presencia nacional y predominantemente rural. Sorpresivamente, en La Paz y el Alto, se rompió la unipolaridad hegemónica de Diciembre en beneficio de la pluralidad democrática. El Cambio no tiene un solo rostro. Ante esta suerte de expropiación del monopolio del Cambio que ostentaba el MAS, y las voces plurales que exigen su reconducción, la reacción del oficialismo ha sido lamentable. No solo por desahuciar la posibilidad de fumar la pipa de la paz y coordinar con sus adversarios políticos en el territorio, sino por recurrir con determinación y entusiasmo al recurso de la guillotina judicializadora de la política llegando al extremo de cuestionar al Órgano Electoral. Cohabitar no es sacrilegio ni traición. Lo curioso es que, del legado político Francés, y de sus innovadores instrumentos de poder, se apostó por la lección menos auspiciosa ¡La Guillotina!

* Psicologa y exparlamentaria.

Sistemas Electorales e impactos: Candidatos y victimas

“Por qué la ‘Ely’, el San Martín, el Abel o la ‘Sole’ no son parte de sus concejos municipales?”, preguntaba extrañado y coloquialmente un ciudadano de a pie a pocas horas de conocer los resultados preliminares de la histórica jornada electoral del pasado domingo. Esta pregunta es importante y da un buen motivo para salir de las convencionales evaluaciones postelectorales. Es probable que en Cochabamba, en Santa Cruz o en cualquier parte del país éstas y otras interrogantes floten en el aire luego de haber experimentado una nueva modalidad de votación en la que tuvimos que marcar más de dos casillas o, como en el caso de Tarija y Beni, hasta cinco casillas. ¡Vaya compleja inauguración del Estado autonómico!

La ciudadanía no sabe que esa pregunta nos obliga a ingresar en la complicada nomenclatura de los sistemas electorales, que no es otra cosa que el conjunto de premisas y lógicas diversas por las cuales los votos se convierten en escaños de concejales, asambleístas departamentales o en titulares de una Gobernación o una Alcaldía. Parece extraño y hasta injusto que novísimas figuras políticas emergentes que aspiraban a ser gobernadores o alcaldes y que obtuvieron importante votación sin lograr su objetivo, queden fuera de la cancha o del escenario institucional para el cual decían ser idóneos candidatos. ¡Por un voto o un uno por ciento las figuras que dieron la cara en esta rápida pero intensa campaña pierden y lo pierden todo! Como segundas y terceras fuerzas son sus concejales o asambleístas, que efectivamente acceden a la representación política por los próximos cinco años.

Ello se debe a que, desde hace mucho, los bolivianos y diversos sectores demandaron que la elección del alcalde(a) o gobernador(a) dependa del voto soberano y no de los arreglos y amarres en concejos u órganos deliberantes. La huella dejada por el uso y abuso del polémico ‘voto censura’, de los ‘pasanakus municipales’ y otras componendas desestabilizadoras en los municipios escarmentó a todos. Se definió entonces que los concejos se estructuren de otra manera y mediante un voto independiente. Esta definición fue consensuada en la nueva Constitución, pero confusamente reglamentada en la Ley Transitoria Electoral que, a su vez, fue ‘interpretada’ por la Corte Electoral en un polémico reglamento.

La decisión de la Corte se tradujo en la reducción significativa de siglas y candidaturas habilitadas para la elección. Sin embargo, siento que de un extremo nos fuimos al otro. En tiempos en que el discurso es la renovación de liderazgos, la generación de oportunidades para que se estructure un nuevo sistema político, no parece justo que liderazgos locales y departamentales de primera línea queden sin piso institucional ni representativo alguno donde puedan seguir construyendo, templando y perfilando sus potencialidades como líderes a futuro. Súbitamente, de ‘estrellas’ pasaron a ser víctimas de un sistema electoral que definió cambios extremos. Personalmente, hubiese deseado que personalidades como Laruta, Yampara, Murillo o Justiniano, Quinteros, Cava, Cabrera o Urenda, entre otros a lo largo y ancho del país, formen parte de los órganos legislativos recién constituidos. Su aporte a la deliberación (no al complot) hubiera sido significativo para la construcción y consolidación de liderazgos democráticos, además de saludable para la misma democracia.