Es probable que el Gobierno termine firmando un nuevo acuerdo con la dirigencia cívica de Camiri. Sin embargo, es previsible que la protesta retorne más temprano que tarde, aduciendo, para variar, “el incumplimiento de aquello antes firmado”. Ocurrió en Camiri y con otros sectores. El síndrome de acuerdos fallidos lo sufre este Gobierno, como antes lo padecieron otros sometidos a presiones y urgencias. Unos prueban de su propia medicina. ¡Es la impotencia inercial del Estado en crisis!
La rabia de los camireños y su ‘victimización’ ante la torpe e ineficaz intervención represiva podrá despertar sentimientos de simpatía. Pese a ello, las consecuencias del conflicto nos dejan lecciones que no queremos asumir. Errar es humano, pero errar dos veces raya en la estupidez del autoengaño, la irresponsabilidad y la incoherencia atribuibles a todos los actores políticos y cívicos sin excepción.
El problema de Camiri está signado por la ‘maldición de los hidrocarburos’, la ‘cultura rentista empobrecedora’ y la nostalgia de un pasado de prosperidad relativa cuando YPFB era garantía de empleo y bienestar. Su demanda ilustra, una vez más, la profundidad de la fragmentación y la falta de cohesión nacional, siendo ejemplo de las consecuencias perversas que tiene una Ley de Hidrocarburos mal planteada en lo referente a la refundación de YPFB.
¡Qué pocos e impopulares éramos los parlamentarios que denunciamos el peligro de explicitar y dar rango de ley al ‘descuartizamiento’ de una empresa residual que debía resucitar previa reingeniería radical! El Parlamento de entonces no resistió la presión virulenta de las regiones ni la tentación de caerle bien a su población impaciente por respuestas mientras se disputaban un pedacito de una entidad inexistente. Para entonces, la racionalidad de la ‘buena’ política se había perdido. El Parlamento se convertía gradualmente en una federación de brigadas departamentales abandonando su vocación nacional. Y nos fue como nos fue y nos va como nos va. Nadie habló, habla ni tampoco hablará claro, frente a derechos adquiridos que se asumen inamovibles y se resisten al verdadero cambio. Entre tanto, la oposición parece solazarse por el desgaste gubernamental.
Sin embargo, en este particular caso, el discurso y la acción de los partidos de oposición no son coherentes ni responsables con el país. El todo vale con tal de debilitar al Gobierno y aplaudir la radicalidad nacionalizadora y la actitud antigubernamental extrema de Camiri dice mucho sobre la mirada cortoplacista y populista de las voces cívicas y parlamentarias de Santa Cruz, que, filosóficamente, no comparten la postura expropiadora de las empresas petroleras de Camiri. Por un lado, la oposición más conservadora provoca al Gobierno al censurarle su nacionalización ‘light’ y por haber engañado al pueblo, aun cuando están conscientes de que ése era el límite posible que imponía el realismo político y económico. Por otro lado, los nacionalizadores duros parten de la ‘sobreideologizada’ y nada verificable premisa de que la política hidrocarburífera no funciona porque el Gobierno ‘claudicó’ frente a las transnacionales.
Curiosamente, la historia se repite, los extremos se unen y la vocación militante antiestatal y antigubernamental ‘per se’ no cambia, sino se refuerza. Temo que los conflictos y el acorralamiento del Gobierno –ahora debilitado– lo obliguen a tomar medidas desesperadas, recurriendo, una vez más, al populismo pirotécnico y ‘distractivo’. ¿Qué sucederá hasta el 4 de mayo? Mientras, reincidimos en el autoengaño y la falta de coraje para romper nuestros mitos.
El Deber, Los Tiempos, La Prensa.
Columna Escenarios. Marzo, 2008.
( Publicación regular los días jueves, en El Deber y Los Tiempos)
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