“La convocatoria –a la Asamblea Constituyente– está dada, su realización depende de su consecuencia… con la política de multitudes, política espontánea de las masas que saben distinguir entre amigo y enemigo, y encarna el programa radical de descolonización del Estado”. Con estas palabras, un analista, perteneciente a un núcleo de intelectuales que celebraba el triunfo de Evo Morales, señalaba el rumbo de las transformaciones revolucionarias cuando aún no se había convocado la Asamblea Constituyente, de la que más tarde fuera miembro.
Las multitudes producirían y justificarían históricamente la refundación de un nuevo Estado y el carácter originario del proceso de cambio, trastocando la legalidad instituida. La insurgencia estaría ‘vanguardizada’ por los indígenas en torno a la idealización de sus reivindicaciones comunitarias y de su demanda de mayor inclusión. A dos años de esa afirmación, reforzada por una retórica que proclamaba de manera sostenida la contradictoria relación entre la legalidad vigente y la legitimidad, la referencia a las multitudes resulta pertinente. Cuando la competencia de ilegalidades y el síndrome de país dividido se expanden y fracturan, con efecto dominó, la institucionalidad estatal, la visión de la supremacía moral y política de las multitudes desnuda incongruencias demagógicas y la dualidad discursiva del frente gobernante.
Como era previsible, este torneo de maniobras fue aderezado por una seguidilla de cabildos y ultimátums, contra los cuales me permití infructuosamente proponer un ‘ultimátum a los ultimátums’. Los hechos demostraron que si algún lenguaje entendía como legítimo el Gobierno, era precisamente el lenguaje de las multitudes. Sin embargo, contra todo cálculo, de pronto, las multitudes comenzaron a reivindicar las autonomías de diverso alcance y, como corolario, terminan proponiendo y designando a una prefecta en Chuquisaca, desafiando al poder central.
¡Ha sido tan poderoso el proceso electivo de prefectos y tan profundo el abismo producido por la tensión regional, que difícilmente el Presidente podrá imponer su voluntad, aun cuando legalmente tiene la prerrogativa de hacerlo! ¿Acaso esas masas no son legítimas? A estas alturas, los datos de la realidad permiten hacer dos constataciones. Por un lado, la Corte Nacional Electoral, con sus resoluciones, intenta arrojar un salvavidas a la posibilidad de tregua, dándole un respiro al Gobierno acorralado. Mientras tanto, la ‘media luna’ decide avanzar y simplemente ignora su disposición. La posibilidad de restablecer un nuevo y efectivo espacio de concertación de las agendas en curso demanda una extraordinaria dosis de responsabilidad a las élites políticas, nacionales y regionales, en desmedro de las demandas desbordadas de sus respectivas multitudes.
La segunda constatación constituye una verdadera paradoja. ¡Pocos la anticiparon hace dos años! Progresiva e inexorablemente las multitudes comienzan a convalidar el proceso autonómico, antítesis del proyecto de poder del MAS. Todo parece indicar que las multitudes constituyentes y refundadoras de la nueva Bolivia terminarán dando a luz, en un parto complejo y contradictorio, al Estado autonómico, ése que no termina de digerir la cúpula de Gobierno. Por otra parte –¡otra paradoja!–, como nunca antes y lejos de todo pronóstico, el Ejecutivo ansía restituir el Tribunal Constitucional, garante de una legalidad que se encargó de desestructurar, y que, para colmo, constituye la institución emblemática del poder constituido que las multitudes debían desmontar.
columna Escenarios
El Deber, Los Tiempos, La Prensa.
13 de Marzo, 2008.
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