Mas sobre las elecciones judiciales

Igualitarismo versus ‘meritocracia’

La polémica en torno al proceso de elección de 56 magistrados de distintas instancias del Órgano Judicial tiene aristas y etapas que siembran más confusión que certezas. En medio de ella no debiera perderse de vista que el ‘bien mayor’ que busca este esfuerzo de construcción institucional es sentar las bases para el logro de una justicia accesible e independiente de la influencia deformadora de poderes políticos, económicos y de grupos de presión social o ‘comunitaristas’ que, de tanto en tanto, intentan doblegarla. Como en el pasado, tras algunas buenas intenciones que degeneraron y se deslegitimaron, la nueva iniciativa experimental hace aguas al reproducir de modo entusiasta los vicios antes cuestionados.
Todos están de acuerdo en que semejante desafío debiera confiarse a un plantel de personalidades, hombres y mujeres, cuya trayectoria, capacidad, idoneidad y honorabilidad en la administración y lucha por la justicia estén fuera de toda duda.

Lamentablemente, la preselección de las 125 candidaturas a los máximos tribunales de justicia del país y el Consejo de la Magistratura no tomará en cuenta criterios de mérito, que fueron eliminados del reglamento recientemente aprobado por la mayoría oficialista. Y es que la valoración integral del mérito, que abarca cualidades de orden ético así como dimensiones de la inteligencia social, emocional y autorreflexiva, no pasa por un simplista y publicitado examen de conocimientos del Derecho o la acumulación de títulos académicos.
El MAS ha optado por la subordinación de los principios de excelencia ‘meritocrática’ a los principios de un igualitarismo a ultranza. El mérito, asociado al virtuoso conocimiento y ejercicio del Derecho, es más bien motivo de sospecha por ser producto de la deformación y dominio del Estado colonial y neoliberal. La excelencia sería expresión de una historia de privilegios excluyentes. Argumentos basados en odiosas generalizaciones no faltan –“los doctorcitos, arrogantes y sumisos al poder, poco o nada hicieron”– y si de hacer justicia se trata, no hará diferencia que la conduzcan los antes excluidos y, por ende, víctimas de un sistema que debe desmontarse. El igualitarismo es fuente de nivelación hacia debajo de la media.
Desde esta lógica, la mediocridad, la falta de ilustración y las consiguientes limitaciones impuestas a los medios de comunicación a la tarea de informar hacen parte de un combo indisoluble.
El igualitarismo ‘mediocrático’ se contrapone a la noción de libertad, al reconocimiento del talento y del esfuerzo individual. El arte de gobernar es buscar el sabio equilibrio entre ambos. Minimizar los riesgos de subjetividad y sectarismo político solo es posible a partir de la construcción consensuada de parámetros de orden académico, institucional y social de quienes,directa e indirectamente, tuvieron que ver con el ejercicio correcto de la justicia y el análisis de las injusticias y debilidades del sistema. Ello hace ineludible la referencia y ponderación del testimonio de trayectorias idóneas de vida y ejercicio profesional.
Concluyo recurriendo a una frase atribuida a Bella Abzug: “A la verdadera igualdad se va a llegar no cuando una mujer Einstein sea reconocida tan rápido como un hombre Einstein, sino cuando se ascienda tan rápidamente a una mujer torpe como a un hombre torpe”. Esta ironía feminista, ¿vale para el desafío de construir la máxima instancia del Órgano Judicial en Bolivia? Definitivamente ‘no’.

SOBRE EL PODER JUDICIAL...

Nuevas formas de asedio al Poder Judicial


En Bolivia, como en la mayoría de los países, la sed de justicia es persistente y rara vez satisfecha. Su crónica ausencia ha sido tan evidente que resulta difícil defender su institucionalidad y vano todo esfuerzo por reivindicar los avances, modestos pero importantes, registrados en tiempos de democracia. Ello explica que las denuncias de su ‘desinstitucionalización’ y falta de ‘independencia’ caigan en saco roto, al extremo de que nos extraña la indiferencia y resignada actitud de la gente.
Además de la injerencia política y de los ‘billetes’, hoy se visibilizan nuevas formas de asedio al Poder Judicial que siembran más temor y pesimismo respecto a su futura independencia y respeto a los DDHH machaconamente difundidos por la propaganda gubernamental. ¿No es acaso preocupante la creciente influencia del poder de redes populares e internacionales vinculadas al narcotráfico? También debiera alarmarnos la impotencia institucional frente a las reiteradas amenazas de las autoridades indígenas originarias campesinas. Y es que, desde mayo de 2010, la cronología de eventos asociados al cruel asesinato de cuatro policías en Uncía da motivos para preocuparse y ocuparse del tema.
La semana pasada, la Federación de Ayllus Originarios Indígenas (FAOI) del norte potosino amenazó con arrasar la ciudad minera de Uncía si identificaban operativos policiales para detener a más personas involucradas en la tortura y linchamiento de los policías. En septiembre de 2010, los ayllus dieron un plazo de 24 horas para que los fiscales renunciaran y dejaran en libertad a uno de los imputados, conminaron a la Policía a abandonar la zona y anunciaron represalias contra los ‘enemigos internos’ que proporcionen información sobre los asesinatos. No dudaron en ostentar su poder de movilización y presión para hacer cumplir su ultimátum a la justicia.
En este contexto resultó insólito el tono condescendiente con que el Gobierno anunció que negociaría con los ayllus el acatamiento a la ley. Lo paradójico es que, en el contexto del reciente conflicto con la COB, el presidente Evo Morales insinuara a los ayllus defender su Gobierno y contrarrestar las movilizaciones en su contra, provocando la toma de las instalaciones de la distrital de Educación y escuelas de Uncía, atizando así la conflictividad y las fracturas entre campo y ciudad.
Y es que en Bolivia existen zonas sin ley cuyas prácticas rayan en la crueldad colonial y precolonial supuestamente erradicada por el Derecho contemporáneo. Lo sintomático es la tolerancia gubernamental respecto a este tipo de manifestaciones que agravan la descomposición de los mecanismos de la justicia en Bolivia. Ello ocurre cuando el fiscal Marcelo Soza renuncia y se victimiza ante el desmoronamiento de la burda confabulación del caso ‘terrorismo’. Cuando la injusticia que vive Leopoldo Fernández y la saña contra la familia del general López (antes cercano a Juan Ramón Quintana) no parecen tocar fondo. Sucede cuando se agiliza el juicio contra el exalcalde Del Granado y su Concejo y se arremete contra Samuel Doria Medina y FANCESA, que emblematizaba el ideal de la economía mixta que tanto pregona el discurso oficial. Ocurre cuando todo indica que la sui generis elección de autoridades del Poder Judicial no ayudará a revertir sus crónicos males, y cuya gigantesca papeleta de votación será la leña que encienda, aún más, el fuego de la lógica judicial inquisitorial que impregna toda acción gubernamental.

Mitos y Realidades: Mas sobre la Guerra del Agua

¿PRIVATIZAR LO PRIVADO?

Me han llovido preguntas a propósito de la nota inaugural de Desde el FARO. Refiriéndome a desencantos y promesas incumplidas aludí indirectamente a la “Guerra del Agua”, a la lucha contra la privatización transnacional en aras de proteger emprendimientos locales también privados. Esta proposición resultó altamente provocadora.

Y es que once años después intento una aproximación más objetiva de un evento que dejo huellas imborrables en quienes de alguna manera participamos buscando salidas concertadas durante largas tensas, violentas y gasificadas jornadas que nos quitaron el sueño entre enero y abril del año 2000. ¿Será tiempo de desmontar mitos y darle una lectura honesta y pedagógica a este revuelta que, en palabras de su entonces líder Oscar Olivera, hizo de cada puerta de la ciudad una barricada contra la globalización transnacional? Quizás.

En esta línea, eso de “privatizar lo privado merece una explicación”. El 13 de enero del año 2000, en los salones de la Prefectura de Cochabamba, la Brigada Parlamentaria de Cochabamba y los representantes de las organizaciones vinculadas a la Coordinadora del Agua, “bordamos”, a marcha forzada, el primero de tres acuerdos, que llevaría a levantar el el cerco a la Prefectura y las medidas de presión. Además de los puntos relativos a “una nueva estructura tarifaria que no afecte la economía popular, a garantizar la ejecución de Misicuni y la provisión de agua potable y alcantarillado a Cochabamba y a la revisión del contrato con el consorcio Aguas del Tunari”, el sexto punto establecía que “los sistemas privados de agua no formarían parte de las fuentes de agua del concesionario”. Este tema fue recurrente durante la redacción y modificación la polémica Ley de Agua Potable y Alcantarillado. El mismo Oscar Olivera, en una reciente entrevista concedida al diario El País, señalo que ese modelo prohibía y despojaba los sistemas colectivos de almacenamiento y distribución de agua existentes en el área de concesión de la Transnacional.

Corresponde aclarar que estos sistemas colectivos eran emprendimientos asociativos pero en esencia privados. Y es que durante muchos años de crónica escases y limitaciones de SEMAPA, obligaron a que los ciudadanos busquen medios para dotarse de este recurso, aún cuando su potabilidad fuera dudosa. Incluso el municipio alentaba la aprobación de urbanizaciones con sistemas autogestionados de agua que proliferaron en el tiempo. Era entonces comprensible que la gente no solo resista al tarifazo, a un contrato leonino, sino también a integrar sus precarios o sofisticados sistemas autogestionados al área de concesión. Así como predominaba la sensación de despojo y robo del agua, subyacía un sentimiento legítimo de apropiación del recurso pese a la consigna de que el agua no debía tener dueños. Hoy día, similar lógica propietaria se registra en comunidades indígenas que se resisten a compartir el agua con poblaciones urbanas aledañas.

Pero la consolidación de un área de concesión afectaba otros intereses menos santos. Me refiero al oligopolio de los carros cisterna y de los servicios de perforación de pozos, que hicieron su agosto en tiempos de la post guerra. Decirlo en ese momento, era una herejía que opacaría el espíritu revolucionario y épico de una guerra cuyas consecuencias prácticas 11 años después no son alentadoras.

Concluyo con algunos datos y preguntas que traslado a los actuales asambleístas departamentales y concejales. De una cobertura de agua de 60% en 1996, se disminuyó a 47% el 2006. La cobertura de Alcantarillado bajo del 58% al 50%. ¿Cuáles son las cifras 5 años después? SEMAPA, ¿Tiene un registro georeferencial actualizado de estos emprendimientos individuales o colectivos diseminados en nuestra ciudad y en la zona de recarga?, ¿se tienen estudios sobre sus consecuencias medioambientales? , ¿Existe un plan de inversiones viable? los más pobres en Cochabamba, ¿siguen pagando hasta 6 veces más que los usuarios del sistema de agua? Desahuciada la solución neoliberal y privatizadora radical, y fracasados los intentos de hacer de SEMAPA una empresa social autogestionada en el otro extremo ¿no será tiempo de sincerarnos y plantear soluciones más responsables que utópicas y discursivas?

A propósito del Gasolinazo y sus consencuencias

Esta reflexión tiene a ún vigencia...Fue mi primera nota del año --Enero, 2011

Y ahora ¿que?: El precio de la confusión y el dogmatismo

El año del “rodillazo”, del “gasolinazo” y del “derogazo” concluyó sembrando confusión y más preguntas que respuestas. Luego de la improvisada cadena de errores gubernamentales, Bolivia no es ni será la misma que la Noche Buena que bendijo la declinación de un extraordinario quinquenio de bonanza.

Tantos discursos corrieron bajo el puente de la demagogia durante el pasado decenio, que fue imposible convencer al pueblo y a las bases cocaleras y sindicales del MAS que la radical y rechazada “nivelación de precios de los hidrocarburos” no era neoliberal. La confusión conceptual desnudó una ignorancia y dogmatismo preocupantes, al calificar la política de subsidios como neoliberal por el solo hecho de haber sido implantada por un presidente así estigmatizado.

Fueron varios los voceros gubernamentales, que quedaron mal parados luego de justificar la medida con la misma batería argumental y entusiasmo de “tecnócratas neoliberales” del pasado. Sucedió lo propio con algunos representantes de una oposición, aún débil, y cuyo discurso aportaba a la hoguera de la confusión, al adoptar consignas congruentes con el trotskismo, izquierda y anarquismo más radicales. La confusión y demagogia complicaron la tarea de iluminar salidas más inteligentes a una situación económica que se pinta poco sostenible ante “el desangramiento” de los recursos reconocido por el mismo Vicepresidente.

Y es que, a estas alturas debieran aprenderse algunas lecciones básicas de economía, que por su crudeza las autoridades y la sociedad se empeñan en ignorar. ¿Acaso no se ha comprobado aquí y en el mundo que no hay política de lucha contra el contrabando que salga victoriosa cuando de desequilibrio de precios entre fronteras se trata? El Presidente de la Cámara de Diputados, reconoció la veracidad de esta premisa antes calificada como falacia “neoliberal”. Lo propio sucede con el principio de la “rigidez de los precios a la baja” una vez incrementados. No habiendo esfuerzo teórico “revolucionario” que pueda invalidar estas premisas relativas al mercado y la economía, un gobernante socialista del siglo XXI debiera conocerlas antes de tomar medidas y prever sus consecuencias en los bolsillos de la gente.

Intentando disimular el tropezón, la popular consigna de “gobernar obedeciendo” tampoco es auspiciosa. Escuchar, interpretar y conducir a las masas no es lo mismo que “obedecerlas”. Lenin así lo sostenía, mientras que Collin Powell, en la otra vereda ideológica, insistía en que un verdadero líder es aquel que a veces dice cosas que al pueblo no le gusta escuchar.

Por ahora, la apología de la voz masas en los discursos oficiales y de los distintos sectores de oposición es reveladoramente preocupante. El supeditar difíciles definiciones de Estado a la determinación de las bases significa despojarse de toda responsabilidad política, como Pilatos. Es curioso, el sector que terminó doblándole la mano al gobierno fue el cocalero.

Este quiebre ¿significa que Evo ya no conduce convirtiéndose en prisionero de las masas, las calles y de sus multitudes? Así, la historia se repite, se consolida el reino de la improvisación, de la demagogia política electoral e ingobernabilidad, con el riesgo de radicalizarse en su irracionalidad. Los errores cometidos al concluir el 2010, reflejan preocupaciones de fondo que el gobierno no termina de transparentar. De no sincerarse y de persistir en el dogmatismo demagógico, el MAS estará abonando el camino hacia el desencanto y nuevas frustraciones.

Meses de agua, lluvia y desencantos

Retorno con pesar y una dosis de culpa por semanas en las que no alcé la voz crítica desde este modesto espacio de opinión. Lamento este silencio, cuando todavía vivimos las secuelas del gasolinazo fallido, de inflaciones irreversibles; cuando persiste el encierro de Leopoldo Fernández, entre otros excesos e injusticias, inocultables a la mirada crítica de organismos internacionales como la ONU. ¡Cómo no reprochar la tibia reacción oficial frente a un Senador tolerante a la tortura! ¡Vaya arcaica y originaria expresión contraria a la integridad y dignidad de las personas! Y es que, el 2011 transcurre como un año “k´encha” para el gobierno y un pueblo escéptico ante el cambio, mientras su deficiente gestión pública se enturbia con el “Sanabriagate” y una cartelera informativa narcotizada.

También fue un tiempo reservado a los caprichos de la naturaleza. En Japón, Colombia, y en nuestra Bolivia, los desastres desnudaron nuestra vulnerabilidad. Fueron semanas de aguas turbulentas, impotencia y desencantos.

Y no ha sido casual que estos húmedos dias cierren con el estreno del largometraje “También la lluvia” para evocar los días de la emblemática “guerra del agua” de abril del año 2000. Con una formidable fotografía, las historias contadas por la cinta rodada en nuestra llajta, obligan a reaccionar ante los argumentos de especialistas en cinematografía que la elogian o critican. Para unos, es un relato cuyas poderosas imágenes denuncian las mutaciones centenarias de las formas de dominación y explotación colonial y transnacional de nuestros pueblos. Para otros, es una propuesta cargada de moralismo “colonial culposo” derivando en una suerte de “Avatar” a la cochabambina, cuyo efecto emotivo y comercial está fuera de toda duda.

Pareciera bien logrado el propósito de reivindicar a Fray Bartolomé de las Casas y otros pioneros de la denuncia contra los excesos coloniales. Sin embargo, la soberbia actuación del boliviano Carlos Aduviri en el papel de un rebelde indígena, pierde rigor histórico ante la deformada caracterización del pueblo quechua como si se tratase de una tribu de tierras bajas. De pronto, los otrora pueblos del oriente asediados por la avanzada del imperio incaico, hacen suyo el idioma del invasor andino, resultando ser la encarnación romántica y utópica de una comunidad que convive en armonía con la exuberancia de la selva.

Y como toda ficción, la película cuenta a su modo la historia de la “guerra del agua” que desembocó con la expulsión de “Aguas del Tunari” e importantes cambios a la ley y políticas neoliberales de la época. Acierta al insinuar que la privatización implicaba despojar y sumar al área de concesión sistemas precarios de agua barriales instalados con el esfuerzo y recursos de la propia gente. ¡Paradójica privatización de lo privado!, la empresa pública brilla por su ausencia.

Se equivoca al caricaturizar a un Prefecto indolente y frívolo en medio de tan violentas circunstancias. A quienes vivimos esas tensas jornadas, nos queda el recuerdo de la torpeza del gobierno central, de la muerte de un guerrero del agua, de un prefecto arrinconado y agobiado, de fuerzas del orden rebasadas por el primer tsunami político de la década. Guerra estéril ¡Imposible olvidar la bronca de un pueblo que, once años después, aún no tiene agua! Promesas incumplidas y frustraciones, que la demagogia oficial, la causa marítima y ni un impactante largometraje tendrán la capacidad de revertir y menos conjurar.

Relanzamiento de EL FARO

Amig@s luego de tres meses y pico de silencio y abandono anuncio la regularización de las publicaciones. Anuncio que actualizare y compartiré la reflexiones y documentos recientes ademas de tener una participación mas frecuente durante la semana. Un saludo y ¡¡¡ Hasta pronto!!!

TEMORES Y CERTEZAS PRENAVIDEÑAS

Era intención de estas líneas comentar Las 10 tareas urgentes de 2011 planteadas por el Movimiento Sin Miedo al país y al Gobierno del MAS para reencauzar las transformaciones políticas y económicas en democracia. Lamentablemente, la avalancha de acontecimientos que rodean este tiempo prenavideño me obligan a sumar papel y tinta a expresiones de impotencia y protesta producidas por la obsesiva arremetida contra líderes regionales y municipales de la oposición. El Presidente y su Vicepresidente lo anticiparon al afirmar que no podrían gobernar con opositores. No eran discursos, eran sentencias.

Y es que en un Estado laico y descolonizador en Navidad no hay descanso. ¡Ingenuos quienes confiaron en que el espíritu navideño habría de sosegar el ‘ímpetu justiciero y disciplinado’ de autoridades, jueces y fiscales enfrascados en la lucha contra la ‘corrupción’! Los ajusticiados, ‘corruptos’, verdaderos, imaginados o así estigmatizados por abandonar o criticar el proceso de cambio no tienen tregua.

Con el derecho de presunción de inocencia archivado, el desfile de imputados seguidos por la privación de libertad preventiva ya no sorprende. Las noticias se acompañan por villancicos y el frenesí comercial adormecedor de una ciudadanía indiferente o enmudecida por razones prácticas. Es la consecuencia política de un tiempo sobrecalentado por la excepcional bonanza económica que bendice a la región y atiborrado por la propaganda destinada a desterrar la acción, la deliberación política y condenar a actores políticos y servidores públicos.

Los cambios sí se notan. En 2000, al iniciarse el nuevo milenio y, a propósito del año del Jubileo, los defensores de los derechos humanos y la Iglesia católica, muy de la mano, cabildeaban en los pasillos del entonces Congreso de la República impulsando el indulto y perdón a cientos de reclusos, víctimas de las deformaciones de una justicia que no llegaba. Poco después, demandaban la aprobación y modificaciones sustantivas a la Ley de Resarcimiento a las Víctimas de la Violencia Política en tiempos de dictadura, gestada por el Gobierno de entonces en línea con iniciativas similares en la región. Entonces eso era posible, pese a la democracia imperfecta y un Poder Judicial desprestigiado que comenzaba a reformarse.

Curiosamente, algunos de esos activistas ofician hoy de ‘inquisidores’ de la nueva era. En su delirio refundacional no escatiman discursos para enterrar la memoria de luchas antidictatoriales y por la democracia. Confrontan innecesariamente a su antigua aliada, la Iglesia católica. En la era de la rebelión indígena combinada con el culto jacobino no hay tiempo para la clemencia. Al contrario, prevalece una actitud cada vez más indulgente con las FFAA y organismos de Inteligencia policial. Tampoco hay espacio para honrar a las víctimas de las dictaduras ni defender el derecho inviolable a la defensa, al debido proceso, a la gratuidad de la justicia reconocida por la nueva Constitución.

Por ésas y muchas otras razones, las 10 tareas para reconducir el cambio merecen sustituirse por aquellas destinadas a defender derechos y derrotar el miedo deliberadamente sembrado por el abuso de poder. Reconocerlo molesta y lastima, cuando faltan días para conmemorar 30 años de la masacre de la calle Harrington, cuando una generación política daba su vida por la democracia. ¡Lo reitero al concluir 2010! En la construcción democrática no hay un ‘año cero’.

Atizando focos de calentamiento social

Las lecciones no se aprenden. La torpe e injusta suspensión del parlamento de Evo Morales lo victimizó y empoderó. A juzgar por los pronunciamientos de apoyo, parece suceder lo mismo con Nina. ¿Será verdad que el Presidente ordenó el descabezamiento de la Fejuve? Lo dudo. Lo cierto es que estos hechos atizan focos de calentamiento social en las alturas, incluyendo los de Potosí

( Resaltado por Los Tiempos)

La arbitraria suspensión de Fanny Nina, primera mujer presidenta de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve), demuestra que algunas cosas no cambian. Queda claro que los impulsores de su alejamiento no entendieron el mensaje del electorado en ocasión de la elección municipal. El dramático descenso de la votación del MAS en uno de sus bastiones incondicionales fue interpretado como rechazo a las prácticas sectarias y prebendales que en lugar de atenuarse parecen gozar de buena salud en la vida de las organizaciones sociales ahora empoderadas. El voto unánime a favor de Nina fue una respuesta a la promesa de cambio. No sólo del estilo de liderazgo sino también de las transacciones poco santas y clientelares que en su momento sumaron a las estocadas que hirieron de muerte a los partidos políticos.

Lo ocurrido en El Alto motiva a la reflexión. La lucha por el poder ¿está condenada a reproducir el abuso y el autoritarismo tan arraigados en la cultura política nacional? Se dice que Nina decidió no entrar en el juego de subordinarse incondicionalmente al partido de gobierno en base al principio de independencia política partidaria de la Fejuve. También se comenta que pudo más la lógica del chantaje, del “toma o daca”, a la que se resistió no pudiendo “amarrar” la red de lealtades imprescindibles para sobrevivir en las aguas turbias y furiosas del poder.

Para los más experimentados dirigentes y analistas en estas lides, además del trabajo y vocación de servicio, la permanencia y la reproducción del poder, sea en partidos políticos, organizaciones sociales o sindicatos, pasa por asegurar una base dirigencial satisfecha con los beneficios colaterales otorgados por su cúpula en el poder. ¿Tan descarnada es la realidad que no da tregua ni resquicio alguno para al menos moderar estilos autoritarios y antidemocráticos cuando de copar y perpetuarse en el poder se trata?

La Fejuve es una organización sui generis. Dada su capacidad de lucha en medio de tanta pobreza, informalidad y crónica debilidad institucional alteña, ha ganado una legitimidad que, con el tiempo, la llevó a jugar un rol público paralelo, complementario y hasta sustitutivo al que por ley le corresponde al gobierno municipal. En esta maraña confusa de roles, el control social se confunde con “complot social”, el poder social se convierte en poder real detrás del trono desdibujando los límites que diferencian no sólo la institucionalidad estatal de aquella que hace parte sociedad civil sino también lo prebendal de lo corrupto.
Hoy en día se conoce que son varios los trámites municipales que requieren del visto bueno previo de la dirigencia vecinal. Ello ocurre sin asumir de manera expresa la responsabilidad política que ello implica. No hay gestión de alcalde que adopte decisiones, por más sabias e inteligentes que sean, al margen de la bendición de la red compleja de organizaciones sociales alteñas. Entendemos que Fanny Nina intentaba modificar esta cultura tan arraigada siendo rebasada por las tensiones de poder que anidan los conflictos de interés, ideológicos y partidarios subyacentes en El Alto.

Las lecciones no se aprenden. La torpe e injusta suspensión del parlamento de Evo Morales lo victimizó y empoderó. A juzgar por los pronunciamientos de apoyo, parece suceder lo mismo con Nina. ¿Sera verdad que el Presidente ordenó el descabezamiento de la Fejuve? Lo dudo. Lo cierto es que estos hechos atizan focos de calentamiento social en las alturas, incluyendo los de Potosí.

A mi Cochabamba en el Bicentenario

Cochabamba: más allá del Bicentenario

“¡El Alto Perú será libre porque Cochabamba así quiere que lo sea!”. Ruidosa en tiempos de la gesta libertaria, esta proclama bicentenaria tiene hoy una singular fuerza provocadora cuando es hora de mirarnos en el espejo de la historia y proyectar los desafíos del presente y del futuro de la región y el país. Eludiendo caer en la discusión quejumbrosa en torno al mayor o menor brillo de la celebración bicentenaria, hoy asocio el sentido de este grito de guerra nacido en el corazón mismo del hemisferio sur de las Américas a las reflexiones críticas que tan particular ocasión han inspirado.

La historia se encargó de aclarar con objetividad meridiana los límites y el verdadero alcance de esta pretenciosa consigna libertaria. Para la historiadora Itala de Maman, la contribución de Cochabamba a la construcción republicana permite identificar tres momentos decisivos: la sublevación de Alejo Calatayud en 1730, la sublevación indígena de finales del mismo siglo y la Guerra de la Independencia.

Con el tiempo, Cochabamba se destacó como centro irradiador de ideas y procesos fundacionales clave en la vida republicana, siendo generoso semillero de notables y hasta de controvertidos personajes. Fue cuna de la única y primera mujer que accedió a la Presidencia, Lidia Gueiler, y de Adela Zamudio, la poetisa solitaria que desafió al convencionalismo patriarcal de su tiempo. Cochabamba fue centro inspirador de la Revolución Nacional y, al finalizar el siglo XX, epicentro de la emblemática ‘guerra del agua’. Parafraseando la proclama de los rebeldes del valle, no estaría fuera de lugar señalar que “lo bueno y malo de la Bolivia de hoy es porque de algún modo los cochabambinos así lo quisieron”.

Vista desde distintos ángulos la voluntariosa consigna que inspira esta nota, son obligatorias ciertas comparaciones. Sin recurrir a la mención de campos de batalla y grandilocuentes referencias a la lucha iniciada en 1810, es posible afirmar que “Bolivia tiene acceso alternativo al Atlántico porque un cochabambino visionario así lo quiso”, me refiero a don Joaquín Aguirre Lavayén, recientemente galardonado por su contribución a la literatura histórica y al desarrollo nacional. Sus logros no son poca cosa, Puerto Aguirre y el canal Tamengo son una realidad en una Bolivia enclaustrada y que no se resigna ni abandona la cruzada por retornar a la costa perdida del Pacífico. Pocos dimensionan el trascendental impacto integrador de este emprendimiento gestado solitaria y testarudamente por un cochabambino universal, como tantos otros no necesariamente profetas en su propia tierra.

Por otra parte, si bien el valor de la ‘guerra del agua’ fue interpelar el enfoque neoliberal ortodoxo en las políticas globales de financiamiento de servicios básicos, paradójica y lamentablemente diez años después los cochabambinos siguen sin agua y Misicuni es una promesa incumplida. Como bien afirma L.H. Antezana, las carencias y limitaciones de la sociedad valluna son reflejo de las falencias de todo el país y no necesariamente de la región.

Por ello, reclamar a Cochabamba recuperar el rol integrador que supo cumplir obliga a una actitud responsable. Para hacerlo, será imprescindible gestar un pacto social y económico, a fin de superar nuestras propias diferencias, esas fracturas y desencuentros que hoy tensionan a Bolivia y la región. Hacerlo es una obligación política y moral, sólo así podremos ratificar que “Bolivia será unida, porque Cochabamba y sus habitantes así lo dispusieron”.

Chuck Mangione - Children of Sanchez -Consuelo's Love Theme with sopran...

185 aniversario de independencia de Bolivia

La miel, la hiel y los humos del poder

¡Vaya semanitas julianas! Pese a que la Asamblea Legislativa Plurinacional cumplió con la misión constitucional de aprobar sus cinco leyes estructurales, recurriendo al rodillo y a otras artes mayoritarias, todo indica que es otra la agenda que enrarece el clima político y social en el país. Y es que los acontecimientos registrados en la prensa nacional e internacional no fueron el mejor antecedente para la evaluación de los primeros seis meses de gestión del segundo periodo gubernamental que enarbola el ‘proceso de cambio’. Lamentablemente, algunos de los eventos se califican como insólitos por ser curiosos, extraordinarios y escandalosos a la vez.

Se dice que fueron varios los ministros que merecieron un jalón de orejas por parte del Presidente. Sin embargo, a estas alturas, y en medio de tanta pirotecnia noticiosa y juliana, la evaluación por desempeño de cada cartera de Estado resultó irrelevante. No es cuestión de aplazar uno a uno a los ministros, ya que el problema de gestión es integral e inherente a las prioridades del núcleo conductor cada vez más cerrado del Gobierno. Se recurre con más frecuencia y menos éxito al montaje de eventos que, como ‘cortinas de humo’, intentan encubrir lo importante. Hoy hasta los humos resultan relevantes.

Con humos y alcoholes de una buena mesa ceremonial andina se dio bienvenida oficial al lujoso avión presidencial para, acto seguido, constatar la ausencia de una tripulación idónea para levantar vuelo. ¿Y dónde está el piloto?, fue la tragicómica pregunta que inauguró las fiestas julianas. Eso ocurría mientras en la capital potosina el alcalde Joaquino y sus colaboradores son sañudamente acusados por ahorrar dinero al municipio y comprar, previo trámite de excepción, un lote de vehículos usados.

Fueron también humos contaminantes los que persuadieron de la existencia de una fábrica de droga en la que un ‘narcoamauta’ fue sorprendido con 250 kilos de cocaína procesada de manera sofisticada y cuya tecnología de punta contrastaba con la ritualidad ancestral con la que hace apenas cinco años el mismo sujeto dirigió la ceremonia andina de posesión del presidente Morales en Tiwanaku.

Por otro lado, el mes más frío del año terminó calentando el ánimo y atizando el fuego de luchas intestinas en el MAS. La renuncia y el alejamiento del viceministro Torrico, más el traspié del senador Surco, son la punta de desbordes y disputas de poder clientelares que irradian el malestar y la pérdida de un horizonte común y ético de la gestión política y gubernamental que ni al Presidente ni a la gente parece importar.

En medio de estos ruidos difundidos por las ‘vuvuzelas mediáticas’, el traslado de la celebración de las fiestas patrias a Santa Cruz no sólo intenta colocar un nuevo estímulo ‘distractivo’ de tensiones, sino que sirve también para confirmar que el quinto momento de la Revolución, a expresarse en la captura total del poder, ha llegado conforme al solemne discurso vicepresidencial.

Pero sorpresas nos da la vida. Mientras la marcha hacia la toma del oriente intenta izar la wiphala en la mismísima plaza 24 de Septiembre y coronar simbólicamente la “implacable derrota del enemigo político”, en occidente las fuerzas vivas y leales al MAS se rebelan. Y es que la consigna ¡Potosí federal! y la realidad de un Oruro en emergencia, además de desconcertar, son el ‘cherry en la torta’ agridulce que Gobierno y ciudadanos habremos de morder en el cumpleaños de la patria.

No aplaudo ni celebro

En muchas ocasiones he señalado que mi posición crítica al Gobierno del MAS no me llevaría al extremo de alentar movilizaciones ‘antigobierno’ cuyas demandas, además de ‘inatendibles’, se sumarían al desborde, a mayor confusión y fragmentación del territorio y del espíritu nacional.
Son pues supremos los esfuerzos por realizar a fin de no contaminar el análisis crítico ‘de buena fe’ con los estímulos hepáticos que nublan la razón de los radicales de uno y otro bando. Por ello, debo lamentar que, pese a la fortaleza del Gobierno, éste termine cediendo frente a factores de poder que hacen inviables transformaciones necesarias que la debilidad de otras gestiones debieron postergar.

Por las razones expuestas no soy de las que se solaza cuando el trotskismo sindical del magisterio le dobla la mano al Gobierno neutralizando reformas fundamentales del sector educativo. No es buena noticia que la relación entre el sindicalismo tradicional y el Estado siga nadando en las mismas aguas de un pasado poco constructivo.

En línea con las premisas señaladas, no me sumo a quienes promueven y se frotan las manos frente a las fisuras oficiales producidas por una marcha indígena cuyas demandas extremas entran en franca colisión con las de sectores amplios de la población, fundamentalmente urbanos, o cuando reclaman respeto y restitución de sus territorios ignorando los límites interdepartamentales y el derecho exclusivo de explotación de los recursos naturales de las TCO o autonomías indígenas.

Franz Barrios S. tiene razón al señalar que “si los indígenas con razón reclamaron la preexistencia de sus territorios, ahora ellos deben asumir –y respetar– la preexistencia de lo republicano” (Nueva Crónica No. 63). En la solución equilibrada de estas tensiones radica la complejidad de los desafíos inherentes al momento de construcción estatal que vivimos, no justificándose posturas nostálgicas regresivas, cuyas deformaciones el Gobierno alentó y ahora reconoce como no atendibles.

Es también lamentable que, en medio de las tensiones entre Gobierno y oposición, haya ganado la coyuntural desconfianza, al extremo de que la Policía, con todo su poder institucional, haya impedido la transferencia del Servicio Nacional de Identificación al Órgano Electoral. Al hacerlo se hubiera avanzado simplificando el sistema mediante el ‘documento de identidad único’. Ante esa imposibilidad se reiteran soluciones híbridas que no resuelven el problema, ni garantizan un registro ciudadano integral e independiente de la lógica policiaca y poco confiable hoy vigente.

En fin, tampoco celebro cuando una región, como la potosina, desnuda las debilidades gubernamentales al arrancar al Gobierno la eliminación selectiva y no conveniente de articulados de la Ley Marco de Autonomías, entrando en una lógica de tira y afloja a la que nos acostumbró la tradicional dirigencia cívico-regional.

Estas pequeñas fisuras y derrotas del Gobierno son señal de que seguimos empantanados debido a la resistencia al cambio y a la demagogia fácil que cobra facturas que hoy, desde el Gobierno, se intenta atribuir a la injerencia de una debilitada oposición, cuando en realidad éstos y otros tropezones no son nada más que resultado de los propios errores y excesos del populismo gubernamental.

Que Evo y la cúpula gobernante tengan dolores de cabeza no es aliciente para quienes entendemos, desde una oposición democrática y constructiva, que hay casos en que las dilaciones y derrotas coyunturales de un Gobierno significan también derrotas del país y de su gente.

Revocatorio y SAFCO "a la carta"

Nota: SAFCO, alude a la ley de Control Gubernamental Uno de sus subsistemas regula procesos de compra y adquisición de bienes y servicios.

El avión presidencial comprado sin contemplar procedimientos legales no puede volar--- no tiene piloto ni tripulación, tampoco garantizados servicios de mantenimiento y reparación concordantes con los requisitos y protocolos internacionales establecidos por empresas aseguradoras.

La Nota de la Semana: El Deber, Los tiempos y la Prensa

La lectura a detalle de la extensa y compleja Ley del Régimen Electoral promulgada hace dos semanas obliga a referirnos a algunos temas que aparentemente son menores en importancia, pero que son espejo de veleidades y del estado de ánimo coyuntural de los actores políticos hoy empoderados. El art. 31 de la referida ley señala que se producirá la revocatoria de mandato si se cumplen dos condiciones. La primera es obvia, los votos válidos a favor de la revocatoria (por el Sí) deberán superar en número a las del No.

La segunda condición es inusualmente complicada, indica que el número y porcentaje de votos registrados en la casilla Sí a la revocatoria, deberá ser superior al número y porcentaje de votos válidos con los que fue elegida la autoridad. Aquí se pasa por alto el criterio del 50% más 1 que define la revocatoria en la gran mayoría de las democracias, y que aplica igual parámetro a quien haya accedido al cargo electivo por mayoría simple (25%) o por una abrumadora mayoría que bien puede superar los 2/3 de votos válidos.

Entre cálculo y astucia política, el Órgano Ejecutivo se resistió a modificar su propuesta y ajustarla a la modalidad de mayoría absoluta incluida en el anteproyecto de ley enviado por la Corte Nacional Electoral. Con estos criterios, la eventual revocatoria del mandato presidencial, en el caso de Evo Morales, se produciría sólo si se supera el 64,8% de los votos obtenidos en diciembre pasado.

¿Por qué un Gobierno cuyo Presidente es fuerte recurre a estas maniobras jurídicas si no necesita de ellas? ¿Qué teme? En el fondo, esta disposición refleja más debilidad que fortaleza, aun cuando esta última está intacta. ¿Será que los resultados de abril y la pérdida de votos preocupan al núcleo gobernante? Es probable.

Los resultados de las últimas encuestas muestran una baja en la aprobación al Presidente del 70% al 44% en cinco meses (Ipsos-Apoyo, 1.024 boletas aplicadas del 12 al 23 de mayo), coherente con la disminución del 15% de la votación de abril a favor del MAS. ¿Por qué recurrir a argucias y chicanas legales en leyes estructurales? No es recomendable caer en la tentación de elaborar una ley en función de la conveniencia de una persona en el corto plazo.

Siempre sostuvimos que la popularidad del Presidente lo blindaba frente a eventuales escaramuzas y escándalos, saliendo siempre airoso después de alguna situación conflictiva. Aun hoy las señales son inequívocas al respecto de los blindajes que lo colocan más allá del bien y el mal. En su dimensión celestial el Presidente puede trasladarse en un avión adquirido al margen de las condiciones normativas mínimas que una adquisición de esa magnitud y valor demanda. Evo tiene licencia para pecar y caer en tentaciones no permitidas a simples mortales del pasado.

No hay comparación, pues por mucho menos no faltaron servidores públicos que fueron objeto de humillación y desprestigio moral, político y profesional por todos los medios y con todos los tonos posibles, llegando a ser enviados a la mismísima cárcel.Los hechos dan cuenta de una lógica esquizofrénica oficial y colectiva decadente. Unos sucumben en el frenesí de la guillotina judicializadora en contra de los adversarios políticos, hoy pienso en René Joaquino. Y al mismo tiempo se encargan de que Evo tenga un paquete de leyes a su medida o a la carta, previniendo ¡claro está! excesos que provoquen otra publicitada intoxicación a Su Excelencia.

MEXICO: EL PRI y SUS LIDERESAS

Lecciones de un partido en tiempos de crisis

El triunfo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones del domingo en México sorprende. El histórico partido reposicionó su liderazgo, quedando atrás el recuerdo de la derrota que, en 2000, dio paso a un saludable pluralismo político. Según su presidenta, Beatriz Paredes, “no está volviendo el PRI –del pasado–, está ganando el PRI del siglo XXI. El PRI que aprendió de sus errores y que sí sabe gobernar”.

¿Qué debe llamarnos la atención de esta recuperación? Destaco tres aspectos. Primero, la capacidad de readecuación institucional y programática de un partido acostumbrado a la inercia del poder. Segundo, el insatisfactorio desempeño gubernamental del partido oficial, el PAN, y de un Presidente con disminuida popularidad, en un inusual y creciente contexto de violencia asociada al crimen organizado. Y un tercer aspecto, el protagonismo de sus líderes (mujeres) en medio de tantas dificultades.

Hace 10 años, Dulce María Sauri, segunda mujer al mando del partido, enfrentó la adversidad con inteligencia y sobriedad. Como muchas mujeres en coyunturas de desgaste, ella tuvo que administrar los tiempos residuales de un poder que se les iba de las manos. Se liquidaba un régimen al que un día el escritor peruano Mario Vargas Llosa calificó como la ‘dictadura perfecta’.

La actual presidenta del PRI, Beatriz Paredes, ex gobernadora de Tlaxcala, se planteó el reto de conducir la renovación y ‘renacimiento del PRI’. Se dice que el día que asumía este cargo, en 1997, sufrió el desaire de la mayoría de los gobernadores priístas, que no asistieron a su juramentación que coincidía con el 78 aniversario de tan emblemático partido.

Los resultados del domingo confirman que logró, más temprano que tarde, lo que para muchos era imposible. Beatriz cohesionó al partido que ahora enfrentará con más confianza la elección presidencial de 2012, no descartándose su postulación a la primera magistratura. Esta posibilidad parece no quitarle el sueño a una mujer que, pese a su fortaleza política, opta siempre por hacer de las victorias, victorias de todos, resistiéndose a caer en la tentación del narcisismo egocéntrico tan arraigado en nuestra tradición política.

El PRI fue el rostro político de la construcción del México del siglo XX. Siempre llamó la atención porque su vigor institucional no se subordinó al eventual poder personal de sus conductores. ¡Novedoso en un continente donde es crónica la longevidad política de figuras cuyo liderazgo nace, se desarrolla y muere con las siglas que representan!
El relanzamiento del PRI permite encontrar algunas respuestas a nuestras preguntas relativas al ciclo de vida de los partidos. Un elemento clave tiene que ver con la no reelección presidencial que obligaba a una permanente renovación y movilidad de liderazgos. Independientemente de las deformaciones de una ‘partidocracia’ hegemónica de esa envergadura, la circulación de élites permitió que una mujer conduzca la reforma partidaria.

Según la prensa, el triunfo priísta en 9 de 12 gobernaciones es ‘agridulce’ debido a su derrota en tres bastiones donde gobernaba desde hace 80 años. Esta caída se debería a la extraña alianza entre el PAN conservador y su contendor de izquierda, el PRD. Se dice que “el perro y el gato se unieron para vencer al dinosaurio”, adjetivo que no cuadra con el PRI del siglo XXI liderado por la generación política de Beatriz Paredes.

REGIMEN ELECTORAL: Conservador y centralista

Con este encabezamiento contribuyo a la confusión de quienes creen o creyeron algún momento en el discurso del ‘cambio’ y la ‘revolución democrática y cultural’. Y es que luego de dar lectura a las leyes del Órgano Electoral Plurinacional y de Régimen Electoral, la conclusión es inevitable, ambas son conservadoras porque lo que debió cambiar no cambió, y centralistas porque ignoró un factor consustancial al cambio, me refiero a la autonomía como una nueva cualidad del Estado Plurinacional. Se trata de dos debilidades que derivan en disposiciones inconstitucionales que pronostican tormentas y nuevas escaramuzas territoriales.

“No entiendo, ¿por qué tantas observaciones de la oposición?, si el régimen de designaciones de los vocales electorales prácticamente es el mismo de antes, no hay cambios de fondo”. se quejó un Senador del MAS. ¡El problema radica en que precisamente no hay cambios! ¡Cuando éstos eran fundamentales para guardar coherencia con el nuevo texto constitucional –poco coherente–, así como con una realidad demográfica, sociopolítica y territorial distinta, a estas alturas insoslayable! Mencionemos algunos.

Quedó en el papel el concepto de un nuevo Poder Electoral independiente e imparcial. Persiste el ‘chip’ mental del presidencialismo centralista, cuya influencia será difícil de contrarrestar si se considera la abrumadora mayoría oficial en la Asamblea Legislativa, hoy reflejo y eco acrítico de las instructivas del entorno presidencial. Como en el pasado centralista, el régimen de designaciones permite al Presidente tener al menos uno de todos los vocales en el Tribunal Supremo y los nueve departamentales. Aquí hay lecturas distintas en alusión al texto onstitucional “que dispone designar sus representantes ante –que no sería lo mismo que en– el Órgano Electoral”. En fin, pequeñas cosas en tiempos de grandes desconfianzas y desencuentros.

La inconstitucionalidad y los excesos centralistas son preocupantes. Es el caso de la definición de límites y formas de elección de autoridades y representantes en los gobiernos departamentales y ediles que debieran definirse en cada nivel territorial. Finalmente, al referirse a la conformación de ‘gobiernos regionales’ se confirma una vez más el carácter no sólo anacrónico de la región como dispositivo desestabilizador de las gobernaciones y de conflictividad, lejos de ser los espacios de planificación y gestión del desarrollo armónico departamental.

Como avestruz, el oficialismo eludió el cambio, manteniendo la distribución desigual de escaños por departamento, postergando su definición, una vez más, hasta la oficialización de resultados del censo 2011. En este dilatado tiempo se habrá profundizado la brecha entre escaños urbanos y rurales, favoreciendo la sobrerrepresentación de los últimos en desmedro de los importantes centros urbanos. A esto se suma una demanda indígena que reclama lo prometido por el Presidente, cuyo entusiasmo discursivo infló expectativas. Debieron equilibrar la simple aritmética –34 pueblos indígenas– con las nociones de representación e inclusión. Un representante indígena por departamento es suficiente para interpretar, agregar y canalizar las demandas más sentidas de uno o más pueblos minoritarios, entre los cuales muchos no superan los 500 habitantes.

Al venderse ilusiones no se midieron consecuencias. Hoy, en respuesta defensiva, lo rabiosamente revolucionario termina siendo peligrosamente conservador.

Sobre la Ley del ORGANO ELECTORAL PLURINACIONAL

Enclaves y democracia dislocada: Leyes con huecos

Al haberse excluido de la Ley del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) las atribuciones que se le reconocía en relación la Democracia Comunitaria el MAS se arriesga a legalizar ‘huecos’ o enclaves territoriales vacios de Estado. De acuerdo a voceros oficiales, la democracia comunitaria, al comprender una multiplicidad de formas electivas propias fundadas en ‘usos y costumbres’, no debiera estar contemplada en el derecho positivo o escrito.

El argumento es refutable. Pareciera que esta exclusión apunta no solo a eternizar y recluir este tipo de prácticas al ámbito de las tradiciones orales de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos (NPIOC) sino también darle luz verde a los riesgos que entraña su aplicación deformada y gelatinosa. Porque por más “propias que sean estas formas” no están libres de la influencia insoslayable de prácticas ajenas o distintas – no necesariamente originarias - resultantes de una inevitable interacción con otras realidades. El sindicalismo es prueba de ello ¡Y es que las NPIOC no son ni podrán – aunque así lo quieran- ser espacios o “reservas” desconectadas del mundo, de sus buenas y malas influencias!

Una Ley orgánica de esta trascendencia debía necesariamente introducir un enfoque armónico de la plurinacionalidad y de la trilogía democrática (Representativa-Participativa-Comunitaria) que sostiene el artículo 11 de la Constitución, el único que hace explicito el reconocimiento de que Bolivia es una República.

En su flexibilidad plurinacional, el texto constitucional no desconoce la fuerza dinámica de la historia en las sociedades. Si el merito del actual proceso radica en la inclusión de la diversidad en la movilidad social, económica y política, en este caso se consagra la exclusión y la peligrosa confusión que además de “idealizar como virtuosas e incorruptibles” a estas prácticas, atribuye a las NPIOC la condición de enclaves autónomos cuasi soberanos.

Y es que la referida norma en ningún momento otorgaba al OEP atribuciones que pudieran imponer otras modalidades electivas que no sean las propias y mucho menos interferir “colonialmente” en su desarrollo o ejercicio. Lo que se le reconocía era algo razonable para cualquier Estado que se precie de integral. Registrar y observar estos procedimientos, difundirlos para su mejor conocimiento, el supervisar su cumplimiento, facilitar la resolución de controversias, informar y proclamar los resultados y finalmente acreditar a sus representantes. ¿Acaso no queremos recuperar, sistematizar y profundizar estas formas propias no escritas, que se presume tienen cualidades pedagógicas para la deliberación democrática? Escribir, codificarlas e identificar sus potenciales debilidades, ¿es enajenar a estos pueblos de sus saberes de manera perversa y occidental? O es que hacerlo es privilegio reservado a antropólogos(as) como si se tratara de exóticos y curiosos objetos de estudio en extinción. Esa ¡sí es una mirada colonial! Excluir estos mandatos es negar las posibilidades de articulación territorial y normativa de la presencia del Estado plurinacional.

Una sola de las atribuciones del OEP podía interpretarse como imposición. Se trata de la obligación de velar porque estos procedimientos propios, garanticen el principio de equivalencia y los criterios de paridad y alternancia entre hombres mujeres. Es altamente probable que más allá del discurso vinculado al Chacha – Warmi, los usos y costumbres patriarcales no escritos sean muy, pero muy resistentes al cambio.

UN TEMA COTIDIANO...

Sopocachi y Cala Cala: dramas peatonales

Como cochabambina, oriunda y vecina del barrio Cala Cala y domiciliada parte del año en el mismísimo corazón de Sopocachi en la sede de Gobierno, dedico estas líneas a los alcaldes y, en particular, a las flamantes presidentas de los concejos municipales de tan emblemáticas ciudades capitales a las que agradezco, desde siempre, su generosidad, magnetismo y fuerza inspiradora.

Esta nota, que bien puede ser interpretada como ‘exhorto suplicatorio’ a las autoridades y dirigentes vecinales, es motivada por el infortunio de quienes hoy, entre yesos, férulas y cataplasmas, buscan recuperarse de lesiones resultantes de tropezones provocados por aceras desportilladas e irregulares que atentan contra la humanidad de los transeúntes, en especial de quienes superan los 50 años de vida y sufren de progresivas e irreversibles deficiencias visuales.

Si escribo es porque, en pocas semanas, me topé con tres vecinos con varios días de impedimento debido a las accidentadas veredas por las que los peatones estamos obligados a transitar desde hace mucho tiempo. En el caso de Sopocachi, en su momento, los vecinos aplaudimos la campaña de seguridad ciudadana impulsada para recuperar su tradicional y seductor encanto. La disminución de malentretenidos y delincuentes fue incentivo para el disfrute de su arquitectura, plazas, acogedores restaurantes, pubs, cafés y bohemios rincones del barrio. Sin embargo, esa posibilidad implica hoy riesgos mayores. Quien camine por calles y parques de Sopocachi está hoy obligado a hacerlo cabizbajo para eludir la desagradable alfombra de inmundicias de la creciente población de mascotas cuyos dueños decidieron hacer de las calles y del espacio público verdaderas alcantarillas perrunas. Esta vecindad contaminante debiera saber que amar a los fieles amigos del hombre no riñe con las normas de urbanidad.

¿No será hora de incorporar este tema en la eficaz campaña de educación ciudadana y urbana promovida hace ya mucho por el mismísimo Luis Revilla y repetirla en otros municipios? Es un tema que coloco ‘sin miedo’ en la agenda municipal no sólo del municipio paceño, sino también en el de la Llajta, convocando a autoridades, pero ante todo a vecinos, a las OTB y a las comunidades educativas, a tomar en serio el desafío. A veces da vergüenza transitar por las calles adyacentes a las unidades educativas. ¡Son verdaderos basurales producidos por niños y jóvenes que debieran ser la generación del cambio! ¿Por qué no hacer una campaña que premie “mi escuela limpia una cuadra a la redonda”?

En Cochabamba, el problema es mayor y de larga data. Cala Cala y otros barrios más parecen sucursales del conflictivo botadero de K’ara K’ara. Serán 10 años desde que se firmó el primer compromiso para su gradual cierre técnico y traslado, pero no pasa nada. Incumplido por ineficacia, falta de visión, negligencia y demagogia, el problema de los desechos sólidos en áreas metropolitanas debiera ser responsabilidad compartida de gobernadores y alcaldes. No es suficiente su tratamiento desde el municipio.

Y es que, entre ‘aceras zancadilla’ y en medio de tanta basura que nos inunda, proyectamos una imagen lamentable de nosotros mismos. Refleja falta de conciencia ambiental y de educación. ¡¿Hasta cuándo, pues?! Relancemos y repitamos la campaña, premiando y dedicando una canción –tarea para ‘Tupay’ Castellanos– a los barrios y escuelas más comprometidas con las ciudades y su limpieza.

Estado Gruyere... impunidad y violencia pluricultural

Estado: Muchos huecos de violencia

¡Ningún centímetro cuadrado de nuestro territorio deberá estar huérfano de Estado! El Vicepresidente fue enfático al explicar una de las cualidades fundamentales del Estado Plurinacional Autonómico e Integral en construcción. Recordé entonces el entusiasmo con el que acogió el Informe de Desarrollo Humano del PNUD del año 2006 titulado “Estado del Estado”; en el que se comparaba al Estado boliviano como a un “Estado con huecos” con enormes desafíos de articulación en torno a una idea, sentido o proyecto común de país.

Uncía, Achacachi, el Chapare, las minas de Himalaya y Santa María en provincias de La Paz y Oruro son algunas referencias territoriales vacías de institucionalidad pero colmadas de prácticas violentas que dejan una estela de dolor, luto e impunidad. En estos huecos visibles, pareciera existir licencia para violar el abultado catalogo de Derechos Humanos inscritos en el texto constitucional. Este es un dato recurrente, ya que bajo pactos de silencio y condescendiente comprensión “antropológica” de distintas maneras de entender la vida, el gobierno invoca “respetuoso” y sin éxito la devolución de cuerpos por razones humanitarias confirmando la impotencia estatal frente a manifestaciones sociales y pluriculturales que lo desbordan.

Este irrespeto a la vida, que trasciende fronteras, y no es nuevo deja más dudas que certezas en relación al discurso presidencial que idealiza al extremo el purismo y culto a la vida de los pueblos indígenas y originarios esencialmente virtuosos e incontaminados de valores occidentales de mercado y capitalismo. Coincidió este hecho con la temeraria sindicación de complicidad negligente con el narcotráfico que hiciera al gobierno el candidato presidencial social demócrata brasilero. Lo cierto es que, a estas alturas y pese al curioso análisis sociológico antropológico de algunas autoridades que atenúan su condena, la matanza de Uncía revela que, en los huecos vacíos de Estado, florecen, plurinacional y “democráticamente”, intereses ligados al contrabando y a clanes familiares comunitarios y populares cada vez más empoderados para neutralizar o impedir la presencia estatal.

En estas condiciones, el Estado Integral que promete el gobierno y que confunde con Totalitario hace aguas y cocina su inviabilidad en la salsa de sus propias contradicciones y exageradas pretensiones fundacionales y “pachamamistas”. El complejo de Adán hace que Evo y sus amigos nieguen una historia estatal previa y sus incipientes avances, ello contribuye a hacer de los huecos del Estado “Gruyere” vías expeditas de mafias que penetran comunidades con la promesa de revertir su histórica marginalidad y pobreza.

Lo preocupante es que mientras para el oficialismo, no hay ley aplicable para estos “usos y costumbres”, en otros frentes se abusa de ésta para defenestrar moral, jurídica, política y militarmente al adversario político. La combinación de los ingredientes de un ministerio público dócil y selectivamente eficiente, de retardación de justicia y del indebido proceso, le ayuda a inventar enemigos en una oposición que no tiene otra que cruzar el desierto carente de ideas y de justicia, pero abundante en broncas y revanchas destructivas. Uncía y otros hechos idos y por venir, anuncian que la revolución virtuosa de los informales y excluidos de siempre, se transforma gradual e inexorablemente en la revolución de los ilegales. El cambio se desdibuja.

Mas sobre conflictos y violencias intermitentes

Lecciones cítricas de Caranavi


Caranavi no es una anécdota en la cronología de eventos ‘cítricos’ que acompañan el proceso de cambio. Como tampoco lo es el contexto de tensiones que enfrenta el gobierno del MAS-IPSP, en riesgo de transformarse en instrumento de poder de unos pocos y de desagregación social de los pueblos. Y lo lamento, porque no soy ciudadana que aplauda, sonría y frota las manos irreflexivamente por el dizque acelerado desgaste y final de la luna de miel de la cúpula gubernamental con los movimientos y organizaciones sociales (MOS).

Es cierto, el MAS no quiere ser partido, siendo más bien una suerte de confederación de MOSes. Sin embargo, sea lo que fuera, cualquier organización política en gestión de gobierno no puede eludir la responsabilidad de intervernir oportuna e inteligentemente en una controversia entre grupos de la sociedad afines o contrarios a su proyecto político. Optó, como en Huanuni y otros conflictos, por renunciar al mandato supremo de la política en democracias plurales cual es contribuir a la agregación y canalización de demandas diversas y contradictorias de la sociedad. No hacerlo es irresponsable y socaba las posibilidades de construir su cada vez mas inviable y confuso Estado Integral Socialista y Comunitario, para al final hacer más de lo mismo y lo de siempre.

Caranavi desnudó que no son ni serán ideológicos los factores determinantes en las tensiones inevitables de todo proceso social y político de transformaciones “revolucionarias”, serán simple y llanamente intereses. Sí intereses, y de los más mundanos, materiales y legítimos cuando se trata de necesidades insatisfechas en una sociedad crónicamente empobrecida. Día a día, la realidad se encarga de corroer el andamiaje aparente de los valores comunitarios y solidarios, de la conciencia social antiimperialista y otros “antis” propios del solemne discurso oficial atribuye a su compleja y diversa base.

La mentalidad rentista, el localismo extremo y la disputa territorializada por el excedente hicieron gala de buena salud. Todos abonaron al conflicto, el gobierno, los productores de cítricos, cocaleros antiguos y recientes, transportistas, dirigentes y vecinos del pueblo, comunarios, masistas surquistas y antisurquistas, en fin factores de poder popular formales, informales, legales y hasta ilegales. ¿Acaso factores ligados al narcotráfico no inducen detrás de bambalinas este tipo de conflictos? Convienen, ¡distraen en temporada de “buena cosecha”!

Ni siquiera entraron en juego procesos de planificación previos que incorporen un enfoque integral de desarrollo económico productivo de esa región paceña. Ello es gestión e irrelevante para la histórica misión del proceso. Bastó con la promesa del Papa Noel presidente para desatar la trifulca. A propósito, y ¿qué fue del Prefecto del Gobernador electo? Brillaron por su ausencia en tiempos de constitución de autonomías ¡Otra paradoja!

Los intereses económicos de grupos económicos en feroz pulseta y competencia por hacerse del liderazgo local e impulsos preñados de intereses particulares hicieron gala del ritual del “todo o nada” propio de la cultura política nacional y la consiguiente impotencia estatal disfrazada de torpe soberbia. ¡Hasta las últimas consecuencias!, para cerrar con la intervención tardía de una policía acosada y echarle tierra a los muertos como indica el libreto trágico y tercamente reincidente de la conflictividad nacional; irremediable, intermitente, itinerante y mal gestionada por quienes hicieron de ella y de la violencia instrumento legitimo de la multitud, virtud emancipadora y soberana de los pueblos

Ley transitoria para las autonomias ( Sombras que opacan lo válido y necesario)

Dividir para reinar irresponsablemente

Burdo, peligrosamente contagioso e irresponsable. Y es que ¡faltan palabras para definir lo que la Ley Transitoria de Autonomías ha establecido con relación al Chaco tarijeño! Mientras la artillería mediática se concentró en los artículos ‘guillotina’ tan comentados por su irrespeto al voto popular y al pluralismo democrático, el oficialismo decidió sepultar su propia Constitución al disponer la virtual creación del décimo departamento en el país eclipsando todo lo importante y central de la referida norma.

¿Acaso no es crear una nueva entidad gubernamental y afectar –inconsultamente– una preexistente el ratificar la transferencia directa de recursos desde el Gobierno central a favor del Chaco? ¿No es dividir el reconocer a su Asamblea prerrogativas prácticamente similares a aquellas establecidas para la Asamblea Departamental? En términos políticos, esta duplicidad significa recortar las capacidades gubernativas del gobierno departamental de Tarija. Cuando se dispone que los ejecutivos seccionales recientemente electos del Chaco –antes corregidores– rindan cuentas a la Asamblea Regional del Chaco ignorando a la Departamental, se desconoce la autonomía departamental votada por Tarija. Ello ocurre mientras es notable la ‘hiperinflación’ de autoridades electas por el Chaco.

Se constata que la estrategia de poder central no tiene límites ni se compadece con el presente y el futuro del país. Jugar demagógicamente con el territorio, con el ‘rentismo mental’ en el corazón energético del país, es provocar y sembrar violencia, desagregación y división entre bolivianos. Según el texto constitucional, una ‘región’, pensada como espacio de planificación, sólo podía constituirse en autonomía ‘restringida’ mediante referéndum y cuando sus competencias ‘le sean conferidas mediante el voto de 2/3 de la Asamblea Departamental’.

El refrán “piensa mal que acertarás” tiene una validez incuestionable. Y es que como viene la mano, en asuntos de poder y de ausencia total de autorregulación de los impulsos que motivan a su captura, era ingenuo pensar que la figura de la ‘regionalización’ apuntalaría la integración territorial, o se constituiría como “referencia de una planificación más armoniosa y de reconocimiento de identidades culturales e históricas… bla, bla”. ¡Era un discurso engañoso! Alguna vez lo anticipé a algunos técnicos del Ministerio de Autonomías, que calificaban de pesimista la sospecha de que las regiones fueron pensadas para socavar y hasta para ‘sifonear’ el poder del gobernador. Y así nomás había sido. Lamentable.

Que haya dirigentes chaqueños campeones del localismo, de la demagogia territorial y poco o nada les importe las consecuencias epidémicas de este tipo de demandas es comprensible, hace parte de la tradición provinciana y política en estos temas, están en lo suyo. Pero que el Gobierno central haya abonado, cultivado de manera deliberada, la estrategia que desvincula política, financiera y administrativamente al Chaco con tal de liquidar al adversario que ganó las elecciones, constituye uno de los hechos más insidiosos que agudizarán las tensiones y conflictos entre chaqueños y chapacos.

La realidad supera la fantasía. En este caso, el novelón del separatismo cruceño, o el ‘reality show’ de los expertos de la confabulación política, quedó chico. Por separatistas, atomizadores y sembradores de ingobernabilidad y más conflictos intermitentes se gradúa con honores el Gobierno. Es lamentable, porque después del Chaco que no nos extrañe que la Amazonía, el norte paceño, la Chiquitanía, etc. se contagien de esta locura que trastoca toda racionalidad autonómica y democrática.